A pesar de fuertes críticas de la oposición y sin sus votos, el gobierno de Guyana aprobó el “Proyecto de ley de prevención, preparación, respuesta y responsabilidad ante la contaminación por hidrocarburos de 2025” conocido además como “Oil Spill Bill” o la Ley para derrames petroleros en mayo.
“La presentación de este proyecto de ley en este periodo crítico de nuestra historia económica es vital para salvaguardar nuestro ecosistema de los efectos del vertido de petróleo” afirmó el Primer Ministro Mark Philips, quien además presentó el proyecto de ley el pasado mes ante el parlamento.
Por su parte, el Ministro de Recursos Naturales, Vickram Bharrat, refirió: “tenemos aquí un proyecto de ley que garantizará que la parte responsable reciba el mandato de garantizar que previene, que prepara, que restaura, [y]… que garantiza que volvemos a un estado de normalidad.”
Los representantes del partido gobernante PPP/C en la Asamblea Nacional, aprobaron el proyecto legal gracias a su mayoría absoluta en el organismo judicial, de 33 curules de los 65 que se reparten entre las fuerzas políticas del país.
Ley aprobada… ¿por quién?
Los diputados de la oposición, sin embargo, rechazaron la ley. El Ministro de Recursos Naturales de la oposición, Shurwayne Holder, se refirió a una de las partes más importantes de la ley, que es la responsabilidad de las compañías y no de su consorcio “madre.”
En su Parte 6, cláusula 17, la ley establece que: «Una parte responsable está legalmente comprometida por todos los daños causados por un siniestro de vertido de hidrocarburos, de los costes de retirada y eliminación, y de la restauración del medio ambiente en la medida de lo posible, así como de cualquier coste derivado o relacionado con el mismo.” Precisamente esta cláusula es denominada por la oposición como el núcleo de la “estafa” del PPP/C.
“En el caso de las plataformas petrolíferas, la parte responsable, según establece este proyecto de ley en la página 9, es el operador de la instalación o el titular de la licencia de exploración y producción. En otras palabras, Sr. Vocero, es la filial de Exxon, una «Sociedad de Responsabilidad Limitada» antes llamada EEPGL, rebautizada ExxonMobil Guyana. Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada sin activos reales, salvo los que posee y que ya son propiedad de Guyana a través del contrato petrolero” explica Holder.
De esta forma, ExxonMobil Guyana sería la parte responsable legalmente compelida a asumir los costos de un derrame y no su “compañía madre” ExxonMobil. ExxonMobil Guyana comparte activos y operaciones con el gobierno guyanés, por lo que parte de la respuesta ante un derrame corresponde a la nación y su patrimonio público. Además, la cláusula 21 determina que “un acuerdo de indemnización o similar no será válido a efectos de transferir la responsabilidad de una parte responsable en virtud de esta ley.”
“Así que lo que pueden hacer, si el vertido de petróleo es de una magnitud significativa tal que no puedan cubrirlo financieramente, pueden declararse en quiebra dejando a Guyana sin nada. Así es como este gobierno está engañando a esta nación” explicó Holder.
Por su parte, el también miembro de la oposición David Patterson, apuntó a que la ley deja sin protección a los ciudadanos guyaneses, en tanto limita el tiempo para reclamacioal situarse en nes legales.
«Sin perjuicio de cualquier otra acción con respecto al mismo asunto que esté legalmente disponible, una persona afectada por un siniestro de derrame de hidrocarburos al que se aplique esta Ley, podrá presentar una reclamación ante la Junta de Investigación de Siniestros de Derrame de Hidrocarburos de conformidad con esta Parte (…) Una reclamación en virtud de esta sección no se presentará más tarde de un año después del descubrimiento del siniestro del vertido de hidrocarburos o del descubrimiento de los daños derivados del siniestro, lo que ocurra primero» reza la cláusula 23 en sus apartados 1 y 2.
El diputado de oposición explica que en otros casos de derrame petrolero, los reclamos de pescadores y habitantes de la costa afectados toman más de un año en establecerse o resolverse.
ExxonMobil, a través de ExxonMobil Guyana, extrae más de 650 000 barriles de crudo diarios desde el Bloque Stabroek, ubicado en aguas por delimitar con Venezuela en tanto permanece irresuelta la controversia territorial por la Guayana Esequiba. El sustrato legal de sus operaciones es difuso, además de la explotación de un recurso impropio, dado que el Acuerdo de División de la Producción firmado entre el Gobierno de Guyana y ExxonMobil deja dividendos del 14,5 por ciento para Guyana. A esto se une el difuso cuerpo legal sobre derrames petroleros aprobado con el mínimo de mayoría parlamentaria.
