El derecho a nacer ciudadano recibió un golpe en EE.UU. En un fallo que sacude uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes, con una votación de 6 a 3, la entrada en vigor parcial de la polémica orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El fallo permite que la medida se aplique en 28 estados, pese a las múltiples impugnaciones legales en curso y sin que se haya resuelto su constitucionalidad.
La decisión, redactada por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, no entra a fondo sobre si la medida viola la 14.ª Enmienda de la Constitución, pero sí debilita significativamente el alcance de los tribunales federales al cuestionar la validez de las medidas cautelares de alcance nacional.
Estas han sido una herramienta clave durante años para frenar políticas presidenciales, tanto de republicanos como de demócratas.
¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE.UU.?
La ciudadanía por derecho de nacimiento es el principio legal según el cual toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía de los Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esto incluye a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
Esta práctica se remonta a la ratificación de la 14.ª Enmienda de la Constitución en 1868, tras la Guerra Civil. Uno de sus objetivos principales fue garantizar la ciudadanía a los afroamericanos, incluidos los antiguos esclavos, y así consolidar su estatus legal como ciudadanos plenos del país.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan.”
Este principio ha sido sostenido durante más de un siglo por la jurisprudencia de la Corte Suprema y es considerado uno de los pilares del sistema de ciudadanía estadounidense.
Para ser ciudadano se deberá por ahora nacer en otro estado.
En la práctica, el fallo deja abierta la puerta para que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor en aquellas regiones donde no ha sido bloqueada, generando un mosaico jurídico caótico: bebés nacidos en Texas o Florida podrían no recibir ciudadanía automática, mientras que en California o Nueva York sí lo harían.
El trasfondo jurídico es explosivo. Desde 1868, la ciudadanía por nacimiento ha sido considerada un derecho constitucional garantizado por la 14.ª Enmienda. El precedente legal, reafirmado en 1898 en el caso Wong Kim Ark, ha servido como muro de contención contra cualquier intento de reinterpretación.
Sin embargo, el presidente Trump ha convertido este principio en blanco de su retórica antimigratoria, ahora con respaldo parcial de la más alta corte del país.
El dictamen del tribunal no solo tiene implicaciones legales, sino que profundiza la polarización política y social. Mientras 22 estados liderados por demócratas —junto con organizaciones civiles y mujeres embarazadas— demandaron de inmediato la medida por considerarla “descaradamente inconstitucional”, la administración Trump intensificó su ofensiva, acusando a los jueces federales de obstaculizar su agenda con medidas cautelares “ideologizadas”.
Durante las audiencias previas, incluso jueces tradicionalmente conservadores como Neil Gorsuch expresaron dudas prácticas: ““Ya sea que se presenten como medidas cautelares ‘nacionales’, ‘universales’ o de alcance ‘cósmico’, estas órdenes comparten el mismo problema fundamental.”, cuestionó en un tono que dejó entrever la precariedad jurídica que se avecina.
El presidente Donald Trump ha reiterado durante años su intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio constitucional que otorga automáticamente la nacionalidad estadounidense a toda persona nacida en suelo del país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Como parte de su agenda de inmigración de línea dura, Trump firmó en enero una orden ejecutiva que busca negar el derecho a ser ciudadano a hijos de personas que residen en EE.UU. de manera ilegal o temporal. Su equipo ha calificado la práctica como un “imán para la inmigración ilegal”.
El argumento central del presidente y sus aliados se basa en una lectura parcial de la 14.ª Enmienda, específicamente en la frase “sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos”, alegando que esta permite excluir de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, esta interpretación ha sido ampliamente rechazada por el poder judicial.
Varios jueces federales emitieron órdenes cautelares de alcance nacional para bloquear la implementación de la medida, calificándola de inconstitucional.
Durante una audiencia celebrada en Seattle, el juez federal John Coughenour fue contundente:
“He estado en el banquillo por más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como este. Esta es una orden descaradamente inconstitucional.”
En el fondo, este episodio plantea una pregunta inquietante: ¿puede una orden ejecutiva modificar de facto una cláusula constitucional vigente desde hace más de 150 años sin un debate legislativo ni una enmienda formal? La Corte Suprema, con su silencio sobre la constitucionalidad del asunto, parece haber dejado la respuesta para otro momento… o para una nueva crisis.
La orden aún no ha entrado en vigor. Los jueces otorgaron un plazo de 30 días antes de su aplicación, lo que da margen para más apelaciones. Sin embargo, el precedente ha sido sentado: ser ciudadano por nacimiento ya no es intocable en Estados Unidos.
