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¿Siguiendo los pasos de Trump? Guyana criminaliza migración venezolana para atacar al país

El jefe de estado de las Fuerzas de defensa de Guyana (GDF) brigadier Omar Khan, politiza la migración venezolana en su país para atacar a Venezuela. En declaraciones para el primer episodio de la serie “Safeguarding our nation” (Salvaguardar nuestra nación) Khan estigmatizó la migración venezolana.

“En el ejercicio de mis funciones y en mis visitas a las comunidades fronterizas he sido testigo personal, de migrantes venezolanos y del bochorno y la vergüenza, de la casi pérdida de la dignidad, de familias, mujeres, niños, bebés, padres que buscan refugio en tierra extranjera. Pero podríamos preguntar ¿Por qué huyen? ¿Cuál es su razón? Y yo les diría, Guyana está recibiendo miles de migrantes venezolanos, pero países como Colombia y Brasil son millones Habla de las condiciones políticas y socioeconómicas en Venezuela. Esto es descorazonador” afirma Khan.

Guyana y Venezuela están separadas actualmente por una línea fronteriza de facto en el Río Cuyuní, que se extiende por más de 700 kilómetros y que forma parte de la zona en reclamación, la Guayana Esequiba. En estos territorios concomitantes, se fusionan comunidades de un margen y otro del afluente.

En la Guayana Esequiba habitan aproximadamente 81.623 personas en su mayoría de etnicidad amerindia y bajo desatención por parte del gobierno de Guyana.

Según datos oficiales, cerca de 30.000 venezolanos hacen vida en territorio guyanés. Esto debido a la proximidad territorial y la existencia de familias con parientes de un lado y otro de la línea de facto. La migración venezolana tiene, fundamentalmente, una premisa económica pero Khan no solo politiza este fenómeno, también lo usa para demeritar a la república Bolivariana.

“Pero mientras Guyana se acerca con compasión, estamos comprometidos a salvar las fronteras, en la protección de nuestras fronteras. Y es por eso que hemos implementado fuertes medidas de seguridad en la investigación de antecedentes, procesamiento y documentación de todos los migrantes venezolanos” afirmó Khan.

Esta criminalización de los migrantes venezolanos en Guyana, no es nueva y ha sido empleada en el contexto de las pasadas elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo en la nación bolivariana.

El propio Khan amenazó también con cárcel a quienes, siendo venezolanos o guyaneses, tomaran parte en las elecciones.

Migración venezolana: token político para los enemigos

Atacar la migración venezolana se ha vuelto una acción recurrente contra Venezuela.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persaud-Bissessar, quien ha dicho que su política exterior hacia Venezuela está invariablemente en línea con lo designado por Estados Unidos, también ha atacado a la migración venezolana en su país.

“El Sr. Cabello (…) condenó el tratamiento a venezolanos en el extranjero que han huido de su Patria. (…) Sr. Cabello, se pregunta ¿por qué? ¿Se pregunta por qué están huyendo de Venezuela en primer lugar? ¿Por qué huyen? ¿Es por el comportamiento de su propio gobierno?” afirmó la primera ministra.

Son más de 36.000 venezolanos residen en Trinidad y Tobago, como parte de la migración económica que salió del país, a causa de la imposición de sanciones unilaterales contra la nación desde 2015. Ya desde mayo de 2023, Persaud-Bisssessar había emitido comentarios peyorativos que buscaban criminalizar a la migración venezolana. En noviembre de 2024 y en vistas de las elecciones generales, la ahora primera ministra atacó a la comunidad venezolana y anunció políticas de deportación masiva.

Estas estrategias imitan la campaña de criminalización que el gobierno de Donald Trump ha ejercido contra la migración venezolana, a la que ha forzado a una deportación masiva bajo narrativas de la presencia de la extinta banda criminal Tren de Aragua en su territorio. Trump envió arbitrariamente y sin el debido proceso a 252 venezolanos al CECOT, cárcel de máxima seguridad en el salvador, construida para supuestamente contener terroristas y pandilleros. Los 252 venezolanos, a la altura de la publicación de esta nota, llevan 100 días secuestrados en dicha instalación sin acceso a abogados y sin el debido proceso judicial.

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