En el contexto de la 39ª Conferencia y Reunión General Anual de la Asociación de Comisarios de Policía del Caribe (ACCP), celebrada en el Centro de Conferencias Arthur Chung de Liliendaal, el presidente respondió preguntas de la prensa acerca del desarrollo de comicios en Venezuela, que incluyen el estado de la Guayana Esequiba.
“Bueno, la CIJ ya ha emitido las órdenes. Somos un país que se basa en normas y siempre hemos dicho que pedimos a Venezuela que respete el derecho internacional, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Además, por supuesto, quiero asegurarles a ustedes y a todos los guyaneses que las Fuerzas de Defensa de Guyana, el Gobierno y todas las partes interesadas están haciendo todo lo posible para garantizar que la soberanía y la integridad territorial de Guyana estén siempre protegidas y salvaguardadas” respondió el jefe de estado guyanés.
El primero de mayo, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden, advirtiendo a Venezuela a abstenerse de realizar elecciones regionales y legislativas en el estado Guayana Esequiba. La República Bolivariana de Venezuela rechazó estas declaraciones de la Corte, puesto que no reconoce su jurisdicción ni capacidad para decidir sobre asuntos internos de Venezuela, además, la nación suramericana no admite la interferencia de terceros en la resolución de sus controversias con otra nación.
Históricamente Guyana tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte, sin embargo acudió a ella unilateralmente en 2018, coincidentemente luego del descubrimiento e inicio de explotación de una reserva de crudo «fama mundial» en el Bloque Stabroek de 11 billones de barriles, situado en aguas por delimitar y por ende, no de su explícita ni expresa propiedad.
Orígenes de la disputa territorial
La disputa territorial no es reciente. El territorio en cuestión fue despojado a Venezuela en 1899 a través del Laudo Arbitral firmado en París por la entonces Guyana Británica (colonia de Londres), Inglaterra y representantes de Venezuela. Reconocida su naturaleza fraudulenta y controvertida, las partes llegaron al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, que establece las bases para la solución pacífica y conjunta de la disputa territorial y cuya vigencia estará constreñida a la disputa, es decir, mientras esta disyuntiva exista, el Acuerdo tiene vigencia.
Por esta razón, la petición unilateral de Guyana de intervención de la Corte Internacional de Justicia contraviene los mecanismos rubricados por ambas naciones para la resolución de sus diferencias. En tanto no se resuelva esta situación, la extracción y explotación de recursos naturales tales como minerales raros y preciosos, así como el petróleo ubicado en las aguas de la proyección territorial, se considera una violación de lo establecido.
En defensa de su territorio, Venezuela acudió a un referéndum en diciembre de 2023, en el que a través de 5 preguntas consultó la opinión y disposición popular sobre el resguardo legal de la región Guayana Esequiba. La respuesta popular, amplia y masivamente positiva, derivó en la creación del Estado Guayana Esequiba, el 24 de Venezuela y que se enarbola como su octava estrella en la bandera.
Ambos jefes de estado, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, sostuvieron una reunión acompañados de jefes de estado miembros de bloques regionales, en el Aeropuerto de Argyle, situado en territorio de San Vicente y las Granadinas. De este encuentro se deriva la Declaración de Argyle, en la que ambas naciones acceden a no realizar acciones que escalen tensiones o que alimenten el conflicto de forma alguna.
No obstante, Guyana sigue apelando unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, extrayendo más de 650.000 barriles diarios de crudo del Bloque Stabroek, otorgando licencias mineras en territorio en disputa.
“No puedo entrar en detalles pero puedo asegurarle que nosotros y nuestros socios estamos manteniendo a nuestros socios cerca. Se trata de un análisis continuo y de una mirada continua (…) mi mensaje es muy claro a todos los ciudadanos de Guyana y los que están viviendo en el territorio de Guyana. No tienen nada que temer, están viviendo en lo que es nuestro espacio soberano y vamos a proteger y garantizar que nuestro espacio soberano sea respetado por todos”, afirmó el presidente Ali.
El presidente Ali alude a sus “socios”: Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El pasado viernes 9 de mayo, a horas del simulacro electoral en Venezuela de cara a los comicios del 25 de mayo, el embajador de Reino Unido en Guyana, declaró: “Seguimos muy preocupados por la controversia fronteriza con Venezuela y apoyamos plenamente a Guyana en sus esfuerzos por mantener la paz y la seguridad.”
Por su parte el mismo día, Reino Unido ofreció un fondo de 997.825,71 dólares a GECOM, la autoridad electoral de Guyana. Estados Unidos, por su parte, ha sido enfático en el respaldo militar a Guyana y por ende, su amenaza a Venezuela. El pasado 27 de marzo el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que “En caso de que Venezuela atacara a nuestra empresa petrolera ExxonMobil, que opera en aguas de Guyana, sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil o algo parecido, sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos y no terminaría bien para ellos». Venezuela denunció la narrativa y gesta de una operación de “falsa bandera” a inicios de abril, de cara a la IX Cumbre CELAC.
Además, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, Guyana incrementó su gasto militar en 2024 en un 78%, hasta 202 millones de dólares, el incremento más alto en el mundo para dicho año.
Ante estas narrativas y posibles amenazas, el presidente de la asamblea nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó: “Sobre esa decisión, o supuesta decisión de esa Corte Internacional, tengo dos cosas que decirte. Ni nos interesa, ni nos importa. Nosotros no tenemos absolutamente nada que atender de ningún tipo de mandato ilegal, ilegítimo (…) el 26 de mayo amanecerá la Guayana es equiva, con un gobernador de Estado, con diputados electos a la Asamblea Nacional y con diputados electos a los consejos legislativos.”
