Desde comienzos de 2025, Pete Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos, se ha visto envuelto en una serie de controversias graves que han despertado alarma entre miembros del Congreso, generando llamados de renuncia, investigaciones bipartidistas y cuestionamientos sobre la legalidad de sus acciones.
Origen del escándalo: filtraciones y chats sensibles
La crisis comenzó cuando se reveló que Hegseth participó en un chat grupal usando la aplicación encriptada Signal, donde se discutieron planes de operaciones militares de Estados Unidos — entre ellos un posible ataque contra objetivos en Yemen. Ese chat fue desclasificado por error ante la presencia en grupo de un periodista no autorizado, lo que abrió una polémica sobre negligencia en el manejo de información sensible.
Ante ese hecho, legisladores de ambos partidos exigieron su renuncia. Uno de los más vocales fue Mark Kelly, senador por Arizona, quien declaró: “Nuestros miembros del servicio y nuestra seguridad nacional merecen más que Pete Hegseth”.
Otros representantes como Hakeem Jeffries pidieron su despido inmediato, calificando el incidente como una “violación inaceptable” a la seguridad del país.
Incluso un congresista republicano, Don Bacon, miembro de la Comisión de Servicios Armados, admitió que no toleraría en su lugar lo que considera “inaceptable”.
Las lanchas del Caribe y órdenes de ejecuciones sumarias
La polémica no se limitó al uso de chats: recientes reportes señalan que Hegseth habría ordenado ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, incluso con un segundo ataque dirigido a supuestos sobrevivientes — lo que, de confirmarse, podría constituir un crimen de guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que tiene la intención de verificar las afirmaciones de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio la orden al Ejército estadounidense de matar a todas las personas a bordo de una lancha en el Caribe en septiembre.
«No sé si eso sucedió. Pete dijo que ni siquiera sabía de qué estaban hablando, así que lo investigaremos«, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la situación por un periodista a bordo del Air Force One.
Esto ha elevado el nivel del debate: de negligencia administrativa a posibles violaciones al derecho internacional y leyes militares de EE. UU.
Implicaciones legales
- Violación de protocolos de seguridad: compartir planes militares en aplicaciones no seguras, con participantes no autorizados, puede constituir negligencia grave. La demanda pendiente American Oversight v. Hegseth señala que podría haber violado leyes de documentación de defensa al usar chats privados para discutir operaciones.
- Potencial crimen de guerra: los ataques a barcos implican leyes internacionales de conflicto armado. Legisladores de ambos partidos advirtieron que las órdenes dadas — si se demuestra que se disparó contra sobrevivientes — “claramente violan las leyes de guerra” y merecen una investigación exhaustiva.
- Supervisión y exigencia de transparencia: Comités del Congreso (Cámara y Senado) han llamado a un proceso de investigación bipartidista, exigiendo la publicación de las órdenes emitidas, su legalidad y quienes las aprobaron. Senadores como Jack Reed y Roger Wicker enviaron cartas pidiendo esas órdenes al Pentágono.
Consecuencias políticas e institucionales
- Crisis de confianza en el mando militar: El escándalo ha erosionado la credibilidad del liderazgo del Pentágono, incluso dentro del partido del presidente. Algunos republicanos ya piden su destitución.
- Riesgo de división interna en las Fuerzas Armadas: Las revelaciones y los debates provocan preocupación en mandos militares sobre la politización de decisiones operativas y la exposición de información estratégica a actores no autorizados.
- Presión internacional y diplomática: Si se demuestra que se cometió un crimen de guerra, países aliados y organismos internacionales podrían exigir responsabilidades, lo que complicaría la imagen global de EE. UU.
- Reforma en protocolos de seguridad y transparencia militar: La controversia probablemente obligará al gobierno a revisar sus procedimientos internos de comunicación, operaciones y rendición de cuentas.
¿Qué sigue?
El Congreso ya planea audiencias y solicitudes de documentos al Pentágono. La jurisprudencia del caso “American Oversight v. Hegseth” podría sentar precedentes sobre el uso de comunicaciones privadas para operaciones militares.
Si se confirman violaciones graves, Hegseth podría enfrentar consecuencias legales, además de la pérdida de su cargo. La presión popular y mediática también podría acelerarlo.
En cualquier caso, lo que ha hecho Hegseth representa un antes y un después para la relación civil-militar en Estados Unidos, y pone en evidencia los riesgos de combinar decisiones militares con canales informales y poco seguros.
