El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó responder este domingo a una consulta directa de la prensa sobre la posibilidad de que Washington esté cerca de lanzar ataques terrestres contra Venezuela, en un contexto de creciente tensión entre ambos países y de operaciones militares estadounidenses en el Caribe.
El episodio ocurrió en la alfombra roja de la ceremonia de honores del Centro Kennedy, donde un periodista le preguntó: “¿Qué tan cerca estamos de un ataque terrestre en Venezuela, señor secretario?”. Hegseth no respondió, se dio la vuelta y se alejó del grupo de reporteros sin ofrecer comentario alguno. Minutos después, cuando otro periodista insistió con la misma pregunta, el jefe del Pentágono optó nuevamente por ignorarla mientras conversaba con asistentes del evento.
La falta de respuesta del Hegseth se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones que su Gobierno está dispuesto a actuar contra lo que denomina “cárteles de la droga” en tierra firme de la misma manera que ya lo hace en altamar. Según ha dicho, los ataques terrestres se dirigirán contra “cualquiera” que fabrique drogas y las venda a EE.UU.
Hegseth poco después afirmó que EE.UU abandonaba la guerra
Trump puntualizó que la ofensiva incluiría operaciones contra organizaciones vinculadas a la producción de fentanilo o cocaína, incluso si operan desde territorios extranjeros. “Pero sí, cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo a nuestro país está sujeto a ataque. No necesariamente solo Venezuela. No, no solo Venezuela, no”, afirmó.
La amenaza de Trump y Hegseth ha aumentado desde agosto, cuando Washington desplegó una fuerza militar significativa frente a las costas venezolanas bajo el argumento de reforzar la lucha antidrogas. Poco después, EE.UU. anunció la operación Lanza del Sur, cuyo propósito declarado es “eliminar a los narcoterroristas del hemisferio occidental” y “proteger a Estados Unidos de las drogas que están matando” a sus ciudadanos.
Como parte de estas operaciones, se han llevado a cabo ataques letales contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de más de 80 personas muertas. Hasta el momento, no se han presentado pruebas que confirmen que las víctimas estuvieran vinculadas al narcotráfico.
Washington también mantiene acusaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien señala —sin evidencias presentadas públicamente— de liderar un cártel de narcotráfico. La administración estadounidense incluso duplicó la recompensa ofrecida por su captura.
Caracas rechaza las acusaciones y sostiene que el verdadero objetivo de Washington es provocar un “cambio de régimen” para tomar el control de las vastas reservas petroleras y gasíferas de Venezuela. El Gobierno de Maduro denuncia que la escalada militar forma parte de una operación de presión política y económica.
Diversos organismos y actores internacionales han cuestionado la postura estadounidense. La ONU y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) coinciden en que Venezuela no constituye una ruta principal del narcotráfico hacia Estados Unidos, apuntando que más del 80 % de las drogas ingresan por la ruta del Pacífico. Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones militares estadounidenses, mientras expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.
