Las redadas migratorias ejecutadas este fin de semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encendieron la indignación en Los Ángeles, una ciudad históricamente protectora de sus comunidades migrantes.
Más de 40 personas fueron detenidas durante operativos llevados a cabo en zonas densamente pobladas por latinos, como Compton, Paramount y el centro de la ciudad, lo que desató protestas espontáneas que fueron respondidas con represión y, posteriormente, con el envío de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump.
Activistas, organizaciones civiles y funcionarios locales acusan al Gobierno federal de escalar una política migratoria “cruel y desproporcionada”, centrada en la criminalización de inmigrantes, incluso aquellos sin antecedentes penales ni órdenes judiciales previas.
“No estamos viendo operativos de seguridad, estamos viendo persecuciones étnicas amparadas por el Estado”, denunció un portavoz de la organización CHIRLA, que defiende los derechos de los migrantes en California.
Redadas migratorias: discriminación hecha ley
El presidente Trump justificó el despliegue de la Guardia Nacional como una medida para “garantizar el orden y hacer cumplir la ley”. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass condenaron el uso de fuerzas militares para contener protestas civiles que condenan las redadas migratorias, y defendieron el derecho de Los Ángeles a ser una ciudad santuario.
Videos publicados en redes sociales muestran a agentes federales y tropas armadas disparando gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que intentaban frenar las detenciones. Entre los protestantes había vecinos, estudiantes y familias completas que salieron a las calles al enterarse de que sus allegados habían sido detenidos sin previo aviso.
Con las redadas aún en curso, el miedo se ha instalado entre los migrantes de Los Ángeles, mientras crece la presión sobre el gobierno local para resistir las acciones del Ejecutivo federal.
