El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el comienzo de una investigación exhaustiva por violaciones masivas a los derechos humanos sufridas por 252 venezolanos detenidos en El Salvador.
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En sus recientes declaraciones públicas, Saab expresó el respaldo del presidente Nicolás Maduro y la acción coordinada de las instituciones del Estado, especialmente el Ministerio Público, en la defensa y repatriación de los compatriotas que fueron víctimas de torturas y tratos denigrantes bajo la custodia de las autoridades salvadoreñas.
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Saab resaltó que, en contraste con la actuación del gobierno venezolano –que, según sus palabras, “lideró una campaña épica a favor de los derechos humanos y la liberación de nuestros ciudadanos”–, el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, es responsable directo de una serie de actos atroces cometidos contra los detenidos venezolanos. El fiscal general aseguró que fue el propio Bukele quien coordinó y supervisó personalmente estas acciones, imponiendo métodos crueles en el denominado “CECOT”, donde, de acuerdo a las pruebas recogidas, se planificaron y ejecutaron torturas sistemáticas.
La investigación comienza tras recoger testimonios
A lo largo de tres jornadas de entrevistas a los repatriados, un equipo especializado de 81 funcionarios, entre fiscales y expertos forenses del Ministerio Público, se dedicó a recoger testimonios y documentar las experiencias de los liberados en el aeropuerto de Maiquetía. Las declaraciones obtenidas durante este proceso detallan múltiples delitos, desde agresiones físicas y psicológicas, hasta violencia sexual perpetrada por custodios como método de coacción y castigo.
De acuerdo con la información recabada y validada, los detenidos soportaban golpizas constantes, frecuentemente infligidas por exigir explicaciones o defender sus derechos. Ante los reclamos, la respuesta solía concretarse en ataques con perdigones o confinamiento en celdas de castigo, acciones que constituyen violaciones graves de los estándares internacionales sobre trato a los privados de libertad. Saab denunció, además, que los custodios manifestaban actuar bajo órdenes directas de Bukele, refiriendo abiertamente a los internos que el presidente salvadoreño era el responsable de su reclusión y de los castigos aplicados.
Aparentaban buenos tratos ante organizaciones internacionales
Como parte de la escenografía para visitantes prominentes, incluidos miembros de la Cruz Roja Internacional y congresistas extranjeros, los internos eran obligados a simular actividades recreativas –como partidos de fútbol o dominó– con el fin de aparentar condiciones aceptables ante la comunidad internacional. Saab subrayó que la alimentación suministrada era precaria y que, en episodios críticos de salud, los tratamientos en área médica se administraban sin la debida anestesia, resultando en sufrimientos adicionales.
Las condiciones de encierro y violencia llevaron a muchos de los venezolanos a desarrollar graves cuadros de estrés, trauma psicológico y, en algunos casos, pensamientos suicidas, según se desprende de los informes médicos y psicosociales levantados por el Ministerio Público. Se practicaron 25 exámenes médicos legales y se identificaron lesiones compatibles con tortura, como hematomas, quemaduras, escoriaciones y heridas cicatrizadas recientes. Asimismo, las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas evidenciaron síntomas agudos de trastorno de estrés e impacto emocional severo.
En total, el Ministerio Público venezolano ha documentado 123 denuncias formales por parte de los repatriados. Estas incluyen, entre otras, agresión sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos, privación ilegítima de libertad y desaparición forzada, delitos catalogados como crímenes de lesa humanidad en diferentes convenios internacionales suscritos por Venezuela.
Tarek William Saab enfatizó que la gravedad y sistematicidad de estos hechos obliga a las autoridades venezolanas a ejercer la jurisdicción universal reconocida por normas internacionales como la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y el propio Estatuto de Roma. Según el fiscal, corresponde al Estado venezolano impulsar la investigación y llevar a los responsables individuales ante la justicia, independientemente de la ciudadanía o el país donde se cometieron los actos.
En ese sentido, Saab anunció la investigación con la apertura formal de expedientes judiciales contra Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño; y Osiris Luna Mesa, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Sobre ellos recaen las responsabilidades principales en la comisión de estos delitos, conforme a la investigación preliminar y el cúmulo probatorio reunido hasta el momento.
“El Ministerio Público venezolano ha designado a tres fiscales nacionales con competencia plena, apoyados por equipos multidisciplinarios de derechos humanos, delincuencia organizada y delitos comunes”, señaló Saab. Además, hizo un llamado a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a tomar acción siguiendo el ejemplo de Venezuela y a abrir investigaciones similares.
El fiscal general también destacó que, junto a estas actuaciones, Venezuela denunciará estos hechos ante instancias multilaterales y medios informativos globales, con la esperanza de que esta vez la comunidad internacional actúe en correspondencia con la evidencia presentada y no permanezca en silencio ante violaciones tan flagrantes.
Finalmente, Saab reiteró que la postura firme del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos es inquebrantable, y que no habrá impunidad frente a la tortura, el trato degradante y la privación arbitraria de libertad por razones políticas o de nacionalidad.
Con la apertura de esta investigación y la denuncia formal, Venezuela reafirma su rol activo en la protección de sus ciudadanos y su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional, exigiendo justicia y reparación para las víctimas.
