Israel se enfrenta a una avalancha sin precedentes de demandas de ciudadanos israelíes por daños materiales tras la reciente escalada militar con Irán. Según la Autoridad Tributaria israelí, hasta 50 mil reclamaciones podrían llegar a los tribunales en los próximos meses, poniendo en jaque el sistema estatal de indemnizaciones y desatando un debate interno sobre la transparencia y sostenibilidad del fondo público destinado a cubrir los estragos de la guerra.
En apenas dos semanas desde el final de la operación iraní “Promesa Veraz 3”, cerca de 40 mil ciudadanos israelíes han solicitado compensaciones por pérdidas causadas por los misiles lanzados hacia distintas regiones del país. El número, lejos de estabilizarse, crece cada día, alimentando el malestar entre los afectados por la lentitud de los pagos y la falta de claridad sobre los criterios de evaluación.
Crisis presupuestaria y reclamos ciudadanos
Hasta ahora, el Estado israelí ha desembolsado unos 2.500 millones de shekels (aproximadamente 680 millones de dólares), pero las proyecciones oficiales indican que la cifra podría duplicarse. Amir Dahan, director del Departamento de Compensaciones, advirtió que los reclamos acumulados ya superan los 6 mil millones de shekels, lo que tensiona los límites del fondo nacional de compensaciones, dotado originalmente con 9.500 millones.
“El volumen de solicitudes es abrumador y la presión sobre el sistema es enorme”, declaró Dahan al diario Maariv israelí. Además de los hogares y comercios afectados, las pérdidas más cuantiosas corresponden a infraestructuras estratégicas como el Instituto Weizmann y la refinería Bazan.
En el caso del Instituto Weizmann, al menos 25 edificios resultaron gravemente dañados y se estima que deberán ser demolidos por completo. En la refinería Bazan, las pérdidas también se calculan en miles de millones, afectando el suministro energético y el tejido industrial del país.
Falta de claridad legal y creciente descontento de israelíes
A las dificultades presupuestarias se suma un vacío legal que ha sido objeto de críticas por parte de juristas, parlamentarios y ciudadanos.
Muchos afectados denuncian ambigüedad en los procesos de evaluación, falta de personal para gestionar los casos, y criterios desiguales que dejan fuera a familias en situación de vulnerabilidad, hecho que demuestra que los ciudadanos israelíes son víctimas también de la política de guerra que tiene el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
El conflicto con Irán, aunque breve, fue el más intenso enfrentamiento directo entre ambos países en décadas, marcando un punto de inflexión en la política de defensa israelí. El uso de misiles balísticos de largo alcance por parte de Teherán evidenció fallos en la infraestructura civil y abrió nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para proteger a su población.
Mientras el gobierno intenta calmar las aguas y evitar una crisis política interna, la presión social sigue en aumento. Asociaciones de damnificados, expertos fiscales y medios de comunicación coinciden en que la respuesta institucional ha sido insuficiente ante el nivel de destrucción y las expectativas de reparación.
