Jóvenes peruanos protestaron contra la administración de Dina Boluarte, así como la corrupción y extorsión que sufre el país. Los manifestantes, en su mayoría menores de 30 años, marcharon hacia el Congreso el pasado sábado en rechazo a las autoridades, la corrupción y el incremento de la inseguridad ciudadana.
Entre sus demandas estuvo la anulación de la reforma del sistema de pensiones, aprobada por el Congreso de la República, especialmente el aumento de la edad para la jubilación de 50 a 55 años, así como la prohibición de retirar parcialmente los fondos acumulados.
Otro catalizador de las protestas fue el rechazo a la ley de amnistía que beneficiaría a militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Alberto Fujimori. Con esta legislación se eximiría de responsabilidad a los miembros de las fuerzas armadas y policiales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Esta medida, aclamada por el gobierno de Boluarte y el alto mando militar, provocó la indignación de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El sector del transporte, que se incorporó luego a la protesta, demanda acciones gubernamentales que confronten las extorsiones, una práctica delictiva que en las últimas semanas ha desatado asesinatos de choferes y ataques contra las unidades de transporte, presuntamente cometidos por sicarios.
En el contexto de estas protestas, se registraron episodios de represión arbitraria por parte de la policía. Según defensores de derechos humanos, hubo un uso desproporcionado de la fuerza contra un anciano cuando un oficial lo golpeó en el rostro mientras estaba en la primera fila de un grupo de manifestantes.
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También se reporta el empleo de balas de goma y el lanzamiento horizontal de gas lacrimógeno directamente contra la multitud, lo que contraviene los protocolos antiprotesta. También la Asociación Nacional de Periodistas de Perú denunció que varios oficiales agredieron a periodistas y fotógrafos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 85 casos de agresión cometidos por la Policía, así como 20 personas heridas por el impacto de proyectiles y bombas lacrimógenas, además de 11 detenciones arbitrarias.
La popularidad de Dina Boluarte, la sexta presidenta en siete años, permanece en menos del 10 %, según encuestas.
