La jueza federal de Estados Unidos, Indira Talwani, dictaminó un fallo que anula la decisión del presidente de Donald Trump de poner fin al parole humanitario el 24 de abril de este año.
La orden bloquea temporalmente la decisión de Trump de revocar el parole, sin revisar caso por caso, ni garantizar las protecciones y autorizaciones de trabajo concedidas a más de 530,000 migrantes, procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que dependen de ese programa para seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos.
La jueza, designada en su momento por el expresidente Barack Obama, también ordenó que se suspendieran todos los avisos de revocación enviados a los participantes del programa de los cuatro países, a la espera de una nueva orden de la corte.
“La corte considera que los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa”, escribió Talwani en el fallo. Recordó que a los demandantes se les permitía trabajar legalmente si recibían autorización de trabajo, y podían solicitar el ajuste de estatus u otros beneficios.
¿Qué había decidido Trump sobre el parole?
Trump decidió revocar el estatus legal temporal de más de 530.000 inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos. Esta medida, que estaba prevista entrar en vigor el 24 de abril, ponía fin al programa de parole humanitario implementado durante la presidencia de Joe Biden, que permite a estos migrantes ingresar al país legalmente y permanecer durante un máximo de dos años.
Talwani informó que las protecciones del parole deben mantenerse hasta su vencimiento natural (2 años), establecido en el programa.
En octubre de 2024, EEUU informó ya no volvería a otorgar el parole humanitario a los migrantes bajo ese programa una vez que venciera el plazo de dos años de los beneficios, que incluye la autorización para trabajar.
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La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso. La demanda fue presentada por inmigrantes quienes argumentaron que la suspensión abrupta del programa causaría graves daños a miles de personas en libertad condicional.
Este es el último revés legal en los esfuerzos del presidente Trump de implementar aceleradamente deportaciones masivas de migrantes, como lo prometió en su campaña electoral.
