Juez halla desacato criminal probable contra la administración de Donald Trump que ahora se enfrenta a una grave acusación de desacato criminal. El juez federal James Boasberg ha encontrado «causa probable» para declarar a la administración en desacato, tras determinar que desobedeció «deliberada y alegremente» su orden de detener las deportaciones de migrantes a la megacárcel de El Salvador.
El juez Boasberg, en su dictamen de 46 páginas, concluyó que las acciones del gobierno el 15 de marzo demostraron un «desprecio deliberado» por su orden judicial.
«El tribunal determina en última instancia que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desprecio deliberado de su orden, suficiente para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal. El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria», escribió el juez.
La orden de Boasberg, emitida el mes pasado, buscaba detener la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, enviando a los migrantes a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador.
El juez criticó duramente la actitud de la administración: «En lugar de cumplir la orden del tribunal, el Gobierno continuó con la operación de expulsión apresurada». Además, señaló que «peor aún, es que al día siguiente “las fanfarronadas” de algunos miembros de la Administración Trump “daban a entender que habían desafiado la orden del tribunal deliberada y alegremente”». Esto incluye un retuit del secretario de Estado, Marco Rubio, burlándose de la orden judicial.
Aunque el Tribunal Supremo anuló la orden de Boasberg, el juez insiste en que la administración Trump la ignoró durante las tres semanas que estuvo en vigor. «La Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado defenderla», afirmó Boasberg.
Esta acusación de desacato se suma a la investigación de la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, por la deportación «errónea» de Kilmar Abrego García a la misma prisión. Xinis exige información y declaraciones de altos funcionarios sobre el retorno del salvadoreño.
