Los defensores de los migrantes acusan a los funcionarios de inmigración por arrestar a personas con una visión prejuiciosa: por su raza, sin orden judicial y además, por negar a los detenidos el acceso a asesoría jurídica en una cárcel del centro de Los Ángeles.
La jueza Maame E. Frimpong obligó con su sentencia al gobierno de Trump a parar con los arrestos arbitrarios y emitió una orden por separado en la que prohíbe al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles.
La Casa Blanca respondió rápidamente al fallo el viernes por la noche porque sabe que necesita una apelación que cambie el dictamen judicial a su favor.
“Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política de inmigración; esa autoridad recae en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz Abigail Jackson.
“Las operaciones policiales requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que están más allá de la competencia o jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que este grave exceso de autoridad judicial sea corregido en una apelación”.
