El pasado lunes, La Asociación Americana de Juristas,(AAJ), emitió un comunicado para el al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH), Volker Türk, donde trasmite su profunda preocupación tras la presencia de submarinos, destructores y aviones militares de los Estados Unidos, en el Caribe Sur y cerca del territorio venezolano, justificado bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad regional.
Sin embargo, ese gran contingente militar en el Caribe, dice el comunicado: “compromete gravemente el Estado de Derecho a nivel internacional y tiene un impacto directo y perjudicial sobre los derechos humanos en América Latina y el Caribe”.
Además, la carta de AAJ, señala que su intención es denunciar y “busca llamar la atención sobre la escalada de acciones unilaterales que, lejos de ajustarse a un marco legal multilateral efectivo, erosionan los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias” es decir violenta los pilares fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
La Asociación Americana de Juristas, observa con alarma, que se estén acantonando miles de tropas de EE.UU. en aguas del Caribe, ya que carecen de total justificación técnica para combatir supuestamente acciones del narcotráfico, proveniente de un país de la región, también señaló que la República Bolivariana de Venezuela es un país que no produce droga ya que “según todos los informes técnicos de organismos internacionales competentes como la UNODC es prácticamente ajeno al narcotráfico, y totalmente libre de producción y cultivo de sustancias ilícitas”.
Al mismo tiempo la misiva de AAJ denuncia que curiosamente “Los Estados Unidos resulta el país con mayor consumo de drogas del mundo y el que detenta el mayor flujo de divisas en su sistema financiero fruto de ese negocio criminal”.
La carta dirigida a Volker Turk, también señala que este tipo de acciones de amenaza de los Estados Unidos, se suma a la cantidad de lawfare mediáticos que vulnera la reputación de un jefe de estado electo, mediante la oferta de recompensas por su captura, como también se denuncia la crueldad de la aplicación delictiva de medidas coercitivas unilaterales que son verdaderos crímenes de lesa humanidad como se ha documentado científicamente por organismos de la ONU, también “socavan el Estado de Derecho y crean un entorno de impunidad, encubrimiento e inestabilidad”.
Se advierte en la carta, que este tipo de políticas de intimidación a través de amenazas militares y de medidas coercitivas, asfixian la economía y tienen consecuencias devastadoras, como el incremento masivo de la migración económica y el desplazamiento forzoso la población.
“Este desplazamiento, no sólo viola el derecho a no ser obligado a emigrar, vulnera también los derechos a la vida, la salud, la integridad familiar y a una existencia digna de millones de personas”. Indica el comunicado.
Señala la Asociación Americana de Juristas en su comunicado a la (ACNUDH), que “al denunciar estas injerencias externas, no podemos ni debemos omitir que el derecho internacional de los derechos humanos es indivisible y se aplica a todos por igual. Por ello, hacemos un llamado vehemente a que los organismos internacionales actúen firmemente para que cesen las acciones que amenazan en cualquier forma a la población venezolana”.
