La Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina, realizada en Bogotá bajo el impulso del Grupo de La Haya, concluyó con la firma de una declaración conjunta que busca frenar el suministro internacional de armas a Israel y reforzar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados.
Más de 30 delegaciones de América Latina, África y Asia —entre ellas Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Sudáfrica— adoptaron un paquete de seis medidas jurídico-diplomáticas que deberán implementarse dentro de sus respectivos marcos legales antes del 20 de septiembre de 2025. Estas son:
- Prohibición total de transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel, incluidos productos de uso dual con potencial para facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad.
- Bloqueo de tránsito y servicios portuarios a buques con destino a Israel que transporten armamento, incluso si proceden de terceros países.
- Impedimento del transporte de armas en embarcaciones bajo banderas nacionales, conforme al derecho marítimo internacional.
- Revisión urgente de contratos públicos para evitar que fondos estatales financien directa o indirectamente la ocupación israelí.
- Fortalecimiento de los sistemas judiciales nacionales e internacionales para perseguir crímenes internacionales en Palestina.
- Apoyo a la jurisdicción universal para juzgar crímenes de guerra, sin importar la nacionalidad de los responsables.
Además, la resolución exige una investigación inmediata sobre la crisis sanitaria en la Franja de Gaza y solicita a Naciones Unidas la elaboración de un plan de respuesta nutricional de emergencia, a presentarse en la 80° Asamblea General de la ONU.
Los Estados firmantes también hicieron un llamado global a todos los miembros de la ONU a cumplir con sus obligaciones internacionales y a contribuir activamente en frenar el envío de armas a Israel y al fin de la ocupación y la impunidad.
El Grupo de La Haya, surgido tras la histórica decisión de la Corte Internacional de Justicia que reconoció indicios de genocidio en Gaza, se consolida así como un frente internacional para el cumplimiento efectivo del derecho internacional humanitario.
Sus acciones han sido respaldadas por organizaciones de derechos humanos y juristas independientes que denuncian la inacción de potencias occidentales ante el despojo y masacre del pueblo palestino.
Con estas decisiones, los Estados firmantes refuerzan una estrategia colectiva de presión jurídica y diplomática que busca aislar al régimen israelí y poner freno al flujo armamentista que alimenta la ocupación.
