El gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca crear un marco nacional para la inteligencia artificial y, sobre todo, impedir que los estados promulguen regulaciones que, según la Casa Blanca, obstaculicen la “liderazgo” tecnológico estadounidense.
La orden instruye al Departamento de Justicia a impugnar leyes estatales consideradas “obstáculo” y ordena a agencias como Comercio y OMB identificar normas problemáticas; además contempla la posibilidad de condicionar fondos federales.
Legalmente, la iniciativa plantea por lo menos tres frentes de disputa. Primero, la preeminencia federal: la Constitución permite que el Congreso promulgue leyes que preemptionen normas estatales, pero es discutible si un presidente puede, mediante una orden ejecutiva, declarar efectivamente la preeminencia federal sobre ámbitos regulados históricamente por los estados. Abogados constitucionalistas advierten que la preempción “de facto” por vía ejecutiva carece del respaldo democrático del Congreso y podría ser impugnada.
Segundo, la Cláusula de Comercio y la vía judicial: la orden delega al DOJ la facultad de demandar a estados cuya normativa, según la Administración, impida el comercio interestatal de productos y servicios de IA.
Esa estrategia es viable en teoría —el Ejecutivo puede usar al DOJ para litigar—, pero los tribunales exigirán pruebas concretas de que la ley estatal imposibilita o carga indebidamente el comercio entre estados. Esa carga probatoria no es automática y dependerá del detalle técnico y del vínculo entre la norma estatal y el mercado interestatal.
Tercero, las condiciones de gasto federal: la orden sugiere que la Administración podrá retener subvenciones (por ejemplo, fondos para banda ancha) a estados que adopten determinadas reglas.
El uso del “poder de gasto” federal para condicionar políticas estatales está sujeto a límites legales —las condiciones deben ser claras y razonablemente relacionadas con el propósito del programa—, y ya existen indicios de que estados como California preparan demandas para impugnar la medida si llega a materializarse.
En lo político, la orden acentúa fracturas: grandes empresas tecnológicas suelen apoyar un marco federal uniforme (menos “patchwork” estatal), mientras que gobernadores y legislaturas estatales —y algunos conservadores defensores de los derechos de los estados— han criticado la intrusión del Ejecutivo en la autonomía estatal. Incluso dentro del partido republicano hay voces discordantes.
También hay aspectos operativos: la Administración ha impuesto requisitos para que proveedores de IA midan sesgos políticos en modelos para contratos federales, lo que complica el perfil técnico y comercial de la regulación aplicada a adquisiciones públicas. Esa línea ya afecta a grandes proveedores que licitan con el Estado.
La orden ejecutiva plantea un choque jurídico-público entre el deseo de uniformidad regulatoria y las salvaguardas constitucionales sobre el papel del Congreso y la autonomía estatal. Es previsible una ola de litigios que determinará si la Casa Blanca puede, por vía ejecutiva y sin ley del Congreso, neutralizar las normas estatales sobre IA.
Qué cambia realmente con la orden ejecutiva de Trump (y qué no)
Lo que sí hace:
- Instruye al Departamento de Justicia a litigar activamente contra estados con leyes que la Casa Blanca considere que obstaculizan el “liderazgo nacional en IA”.
- Ordena a agencias federales identificar barreras regulatorias y crear una hoja de ruta para una “IA alineada con valores estadounidenses”.
- Activa un proceso para revisar contratos federales y asegurar que los modelos de IA usados por el Gobierno cumplan requisitos de “neutralidad política”.
- Autoriza explorar el uso del poder de gasto federal para disciplinar a estados que aprueben leyes contradictorias.
Lo que NO puede hacer (sin Congreso):
- Imponer preeminencia federal total (preemption) sobre regulaciones estatales.
- Crear obligaciones civiles o penales nuevas.
- Anular automáticamente las leyes estatales de privacidad o IA.
- Crear una agencia federal autónoma de supervisión (eso requeriría ley del Congreso).
Estados más afectados por la ofensiva del Ejecutivo
Las normas estatales que podrían entrar en conflicto directo con la Oficina Oval incluyen:
California — SB 1047 (Ley de Seguridad de Modelos de IA)
Exige a desarrolladores de modelos avanzados pruebas de seguridad, evaluación de riesgos y documentación técnica. Es la ley más estricta del país.
Colorado — Ley de IA y discriminación algorítmica
Primera ley en EE. UU. que regula explícitamente el uso de IA en decisiones que afecten a consumidores (crédito, vivienda, empleo).
Nueva York y Massachusetts — Leyes de reconocimiento facial
Regulan o prohíben tecnologías biométricas en espacios públicos.
Georgia y Texas — Normas sobre deepfakes electorales
Buscan limitar la difusión de videos manipulados durante campañas.
La administración Trump catalogaría estas normas como “obstáculo técnico a la innovación”.
- Las grandes tecnológicas (Google, Microsoft, OpenAI, Meta) prefieren un marco federal uniforme, menos costoso y más previsible.
- Las empresas emergentes de IA generativa advierten que el “patchwork estatal” descarrila la innovación.
- Organizaciones civiles (ACLU, EFF, Fight for the Future) defienden las leyes estatales porque el Congreso lleva cinco años sin aprobar una sola ley integral de IA.
La orden se firma en medio de una fractura en el Partido Republicano. El ala trumpista apoya el poder federal fuerte y los republicanos clásicos acusan al presidente de “destruir el federalismo”.
