El departamento de estado de los Estados Unidos establece que Guyana tiene un sistema legal débil, propenso a la corrupción en diversas formas, según su Reporte Anual de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, en su volumen 2.
“A menudo vinculado a la corrupción y al crimen organizado, el lavado de dinero en Guyana se ha convertido en un problema sistémico que afecta tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos particulares” afirma el reporte.
El informe abunda además, acerca de los vacíos legales y falta de transparencia en torno a la fiscalización de empresas en Guyana, lo que hace más vulnerable a transacciones corruptas. También explica que aunque existe legislación que propicia avances en sus sistemas cambiarios y financieros, como la “Ley de Comunicaciones y Transacciones Electrónicas”, muchas de estas operaciones permanecen predominantemente en efectivo, por lo que la ley no siempre es efectiva y no se fiscalizan todas las operaciones.
“El contrabando de oro en Guyana facilita a menudo el blanqueo de dinero, ya que los delincuentes utilizan las ventas ilegales de oro para camuflar fondos ilícitos, eludiendo la normativa. En el sector minero, los métodos de blanqueo de capitales, incluyen grandes depósitos en efectivo utilizando acuerdos de venta falsificados para minerales preciosos inexistentes, así como el transporte transfronterizo de metales preciosos ocultos para evitar el pago de los impuestos y derechos correspondientes” prosigue el informe.
Guyana ve un rápido crecimiento del sector minero, especialmente en la explotación de la bauxita y el oro, este último con precios atractivos y lucrativos en el mercado internacional. Aunque el gobierno aceleró los procesos para el otorgamiento de licencias de explotación, la minería ilegal es todavía abundante sobre todo porque muchos mineros artesanales declaran legalmente sus descubrimientos después de comenzar estas labores.
El informe apunta a altos índices de corrupción y baja preparación dentro de las fuerzas policiales guyanesas como elementos que propician el tráfico de drogas. La prensa local recoge que en junio de 2024, el subcomisario Calvin Brutus estuvo bajo investigación por irregularidades financieras. El informe estadounidense afirma que las investigaciones revelaron que el oficial poseía más de 17.400 dólares en activos -incluidos casi 11.000 dólares depositados en varias cuentas a su nombre y al de miembros de su familia, y 6.400 dólares en propiedades y otros activos físicos. En noviembre de 2024 se le imputaban 231 delitos, incluidos cargos de blanqueo de capitales.
“Muchos interlocutores consideran que la Fuerza de Policía de Guyana, mal pagada y con escasos recursos, es el eslabón débil del programa de aplicación de la ley de lucha contra el blanqueo de capitales de Guyana. Por ejemplo, la mayoría de los investigadores de la SOCU (Unidad Especial contra el Crimen Organizado en Guyana) son antiguos patrulleros que reciben muy poca formación específica sobre delitos financieros” prosigue el reporte. Por su parte, la Unidad Especial contra el Crimen Organizado en Guyana, reportó 13 casos activos de lavado de dinero que llegaron a las cortes en 2024. De ellos, según el reporte, solo se ha sentenciado a uno de los detenidos.
El reporte recomienda invertir mejor en el entrenamiento y remuneración de las fuerzas policiales.
El presupuesto declarado por el gobierno de Guyana para el año en curso es de 6.6 billones de dólares, mayormente debido a la explotación petrolera en el Bloque Stabroek por parte de ExxonMobil. El 11% del patrimonio correspondiente al 2025, fue destinado a servicios públicos, entre ellos la seguridad.
En febrero de 2024, el presidente Irfaan Ali aseguró que reforzaría las fuerzas de seguridad de la nación. El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos comprende el año 2024, hasta el mes de noviembre.
