Una nueva denuncia de separación familiar por parte de migración de EE.UU. sacude la situación de los migrantes venezolanos en la frontera sur de ese país.
Se trata del caso de Taylimar Machado, joven oriunda de la Guajira, estado Zulia, quien relató haber sido separada de su hija de apenas cinco meses de nacida tras presentarse a una cita migratoria en el puerto de entrada de San Isidro, Tijuana, el 29 de julio de 2024.
De acuerdo al testimonio de Machado, luego de ser admitidas por las autoridades estadounidenses, ambas fueron trasladadas a los denominados centros de detención conocidos como “hieleras” (centros de detención con condiciones precarias, conocidas por bajas temperaturas), donde permanecieron tres días.
Al tercer día, personas que no se identificaron se llevaron a la bebé, sin informar la razón de la separación ni el lugar de destino de la menor. “Duré 10 meses y cuatro días detenida de centro en centro sin saber nada de mi hija ni quién la tenía”, narró Machado.
La madre fue deportada a Venezuela el pasado 28 de mayo de 2025, en un vuelo procedente de Texas, mientras que su hija, Gloriannis Molina —quien ahora tiene un año y cuatro meses— permanece bajo custodia de desconocidos en Carolina del Sur, EE.UU., de acuerdo con la última información que le fue entregada.
Este caso forma parte de los 18 niños venezolanos que el gobierno de Venezuela denunció como secuestrados en Estados Unidos, tras ser separados de sus familias durante procesos de deportación.
El presidente Nicolás Maduro exigió su repatriación inmediata, calificando los hechos como una violación flagrante de los derechos humanos. Caracas activó mecanismos diplomáticos y convocó movilizaciones nacionales para exigir justicia y el retorno de los menores con sus familiares.
Estos hechos refuerzan las denuncias sobre un patrón de separación forzada de familias venezolanas durante procesos migratorios, consideradas por organizaciones de derechos humanos como prácticas que vulneran el interés superior del niño y el derecho de los padres a permanecer junto a sus hijos. Activistas y juristas advierten que estos casos podrían constituir violaciones a tratados internacionales de derechos de la infancia y la familia.
