Alexamar Fernández, de 32 años, oriunda de Maracaibo, estado Zulia, lleva más de dos años en Estados Unidos. Vive en Dallas, Texas, con sus dos hijos pequeños, uno de ellos con autismo severo.
En abril, acudió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para notificar su decisión de regresar voluntariamente a Venezuela. No esperaba que, desde ese momento, su situación se convirtiera en una trampa sin salida.
“El 14 de abril asistí a ICE. Yo estoy en Estados Unidos con mi esposo y mis dos hijos. Tengo una niña de 8 años y un niño de 6 años con autismo severo, no verbal”, contó en entrevista para extranewsmundo. Ese mismo día, las autoridades detuvieron a su esposo. “Yo dejé a mis niños en el colegio y asistí a ICE. Ese mismo día retienen a mi esposo, me dicen que lo van a deportar y a mí me ponen un grillete y me dicen que tengo un mes para abandonar el país”.
Alexamar estaba amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite a ciertos migrantes residir y trabajar legalmente en EE.UU. Sin embargo, desde el comienzo del gobierno de Donald Trump, este mecanismo ha sido objeto de restricciones y desmantelamiento agresivo, en un contexto de criminalización de la migración.
A pesar de la disposición de Alexamar a salir del país de forma ordenada, el ICE la enfrentó a condiciones imposibles. “Ellos me exigen que el 14 de mayo, a un mes exacto, debo ir a que ellos me retiren el grillete y debo llevar evidencia de los pasajes comprados, de los de mis dos niños y el mío, para abandonar el país”.
Pero Alexamar no tenía pasaporte, se lo habían retenido al ingresar al país en 2022 y consultó con los agentes del ICE cómo proceder. “Ellos me dicen que los compre para el 15 o 16 de mayo, y el 14, cuando yo vaya, me quitan el grillete y me entregan los pasaportes”.
Así lo hizo compró los pasajes para el 16 de mayo pero cuando llegó el día de la cita, la respuesta fue devastadora. “Cuando llego a mi cita el 14 de mayo, ellos me retiran el grillete y dicen que todo bien, que me vaya el 16. Yo les pregunto por mis pasaportes y ellos me dicen que se extraviaron”.
Alexamar pidió orientación. “Yo les pregunté que cómo me voy, cómo abordo el avión si yo no tengo pasaporte ni documentos para que me dejen abordar, y ellos responden que no pueden hacer nada”.
Alexamar intentó buscar una solución por su cuenta. Sabía que sin los pasaportes, ella y sus hijos no podrían abordar ningún vuelo. Así que pidió orientación directamente a la aerolínea con la que había comprado los pasajes y explicó su situación.
“En la aerolínea me dicen que le diga a ICE que ellos me tienen que dar un documento, que se lo han dado a otras personas, que es una foto que les toman y un documento que dice que mis pasaportes se extraviaron y tengo orden de deportación”.
El personal de la aerolínea estaba familiarizado con casos similares y sabía que había precedentes de personas que habían podido abordar con esa constancia. Pero en su caso, la ayuda nunca llegó.
“Yo fui a migración nuevamente, pero no consigo ningún tipo de ayuda. Ellos me dicen que no me pueden dar ningún documento. El 15 de mayo vuelvo a ir y les digo que por lo menos me impriman la orden de deportación que venga de parte de ellos, para yo poder dársela a la aerolínea y así me puedan dejar abordar, pero no me pudieron ayudar y esos pasajes se perdieron”.
Pide ayuda para regresar a Venezuela
Alexamar dejó de trabajar a finales de 2024 para cuidar a su hijo. Su esposo, ahora deportado, era el único sustento. Esa realidad se la hizo saber a los agentes de migración el 15 de abril cuando asistió por primera vez, pero ahora la respuesta era otra: «ellos me dijeron que yo tenía que solucionar”.
Actualmente la venezolana de 32 años se encuentra sola, con dos hijos pequeños, sin trabajo ni un familiar que la apoye: “No tengo cómo salir del país, me siento como presa. Hasta ahorita, una mano amiga me está dejando quedar en su sala, y ahí estoy durmiendo con mis hijos. Yo lo que necesito es que me den el documento para yo poder salir del país con mis niños, que es lo que yo quiero: regresar a Venezuela”.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas migratorias en Estados Unidos se han orientado hacia la criminalización sistemática de los migrantes. Programas como el TPS fueron debilitados, y se impuso una lógica punitiva que trata, en especial a los venezolanos, como una amenaza.
Aún hoy, esa visión restrictiva sigue condicionando la actuación de agencias como ICE. La falta de documentación, la desinformación institucional y la indiferencia ante situaciones de extrema vulnerabilidad familiar impiden que muchas personas ejerzan un derecho básico: regresar a su país de origen.
