Una investigación del Center for Migration Studies y el Brookings Institution ha encendido las alarmas sobre una crisis humanitaria poco visible en Estados Unidos: más de cinco millones de niños viven en hogares donde al menos uno de sus miembros se encuentra en situación migratoria irregular, y muchos de ellos corren el riesgo de ser separados de sus familias por decisiones administrativas, legales o políticas.
El informe, que combina datos censales, expedientes judiciales y testimonios de familiares, demuestra que el sistema migratorio estadounidense no garantiza plenamente los derechos de los menores, ni siquiera cuando son ciudadanos del propio país.
En muchos casos, los niños han sido deportados sin la debida revisión legal, retenidos durante años en albergues, o separados de sus padres sin garantías procesales mínimas.
Estas prácticas migratorias no se limitan al ámbito interno de Estados Unidos. También alcanzan a niños extranjeros que han caído bajo la custodia del sistema migratorio estadounidense o sus redes institucionales.
Caso Maikelys: La niña venezolana secuestrada por Trump
Un ejemplo es el caso de Maikelys Espinoza, una niña venezolana separada de su madre en la frontera y retenida en Estados Unidos desde hace más de un año, pese a que existen fallos judiciales en Venezuela que ordenan su repatriación inmediata.
El caso ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, autoridades consulares venezolanas y voceros del poder judicial del país, que consideran que la retención de la niña Maikelys constituye una violación del derecho internacional, particularmente del principio del interés superior del niño.
Uno de los casos citados por la investigación es el de Yoselin Mejía Pérez, una niña estadounidense de 11 años que padece una enfermedad rara y que podría perder el acceso a su tratamiento, si su madre es deportada.
Por esta razón, organizaciones como KIND, Human Rights First y la ACLU advierten que los procesos migratorios de EEUU no están diseñados para garantizar derechos básicos a los menores: muchos enfrentan audiencias sin abogados, barreras idiomáticas, falta de información y procesos que pueden durar años.
En este contexto, el caso de Maikelys cobra un significado aún más grave. No solo por tratarse de una niña extranjera separada de su madre, sino porque evidencia cómo la política migratoria estadounidense puede convertirse en un instrumento de presión geopolítica, incluso a costa de los derechos de una menor de edad.
