Por: @UnleashDracarys
Bajo la justificación de EE.UU. para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal sigue siendo esto una estrategia para atentar contra Venezuela y hacerse de los recursos naturales de la Guayana Esequiba.
La razón del patrullaje marítimo conjunto entre EE.UU. y Guyana (firmado en septiembre de 2020), estuvo diseñado desde un principio para tener puerta abierta ante una eventual agresión contra el país, generando así una provocación directa que obedece a intereses geopolíticos y económicos más que para una mejor seguridad regional.
Se hace inevitable volver al tema del despliegue de buques estadounidenses en El Caribe, lo que fue una fachada de operaciones antidrogas que se suma a la estrategia de Washington para forzar un cambio de Gobierno en Venezuela y robar sus recursos.
Esta alianza naval con Guyana sirve a los intereses de la transnacional ExxonMobil, quien presiona para tomar el control de la Guayana Esequiba.
Esta teoría se refuerza con la figura de altos funcionarios guyaneses como
el Capitán Gerry Gouveia quien es asesor de Seguridad de Guyana, quien en su momento elogió el acuerdo de patrullaje como una «bendición para la seguridad marítima» de su país.
La implicación del acuerdo en el diferendo territorial
El acuerdo de patrullaje con EE. UU., conocido como Acuerdo Shiprider, permite a las fuerzas guyanesas y estadounidenses realizar operaciones conjuntas y facilita el sobrevuelo de aeronaves de aplicación de la Ley. Sin embargo, en la práctica, el acuerdo es una forma de cuidar los bienes de ExxonMobil en aguas en disputa, ignorando por completo la existencia del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Este pacto internacional firmado por Venezuela, Reino Unido (en nombre de la entonces Guyana Británica) y Guyana (tras su independencia), es el único instrumento legalmente válido para resolver la controversia territorial mediante negociaciones.
Al permitir que Guyana (respaldada por la potencia militar de EE. UU.), navegue aguas que considera suyas (incluyendo la proyección de Delta Amacuro), se está desconociendo de facto el Acuerdo de Ginebra y se está escalando un conflicto que debería dirimirse por la vía diplomática y legal acordada en 1966.
El Decreto de poderes especiales de Maduro:
En este contexto de escalada de tensión y ante la amenaza de agresión militar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto que le otorga facultades especiales ante una posible acción militar de EE.UU.. Este decreto de «Conmoción Externa» le confiere al Ejecutivo la potestad de adoptar medidas extraordinarias en materia de defensa y seguridad, incluyendo el control militar de servicios públicos e instituciones estratégicas.
Más allá de la movilización interna, este decreto también le permitiría al gobierno venezolano tomar acciones contundentes ante los organismos internacionales para que el diferendo territorial sobre la Guayana Esequiba se dirima exclusivamente según el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Con esta jugada, Venezuela busca reafirmar su posición histórica en la disputa, rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (que Guyana apoya) y obligar a las partes a volver a la mesa de negociación, en un esfuerzo por deslegitimar la presencia militar extranjera en un área sensible para la Soberanía Nacional.
