El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó este jueves una visita oficial a Ecuador, donde dejó declaraciones que han generado preocupación por su tono confrontativo y su desprecio abierto hacia organismos multilaterales.
En una rueda de prensa, Rubio calificó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como “narcotraficante” y “terrorista”, asegurando que no es un líder legítimo sino “un fugitivo encausado en cortes de Estados Unidos”.
En ese contexto, desestimó los informes de Naciones Unidas que señalan a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos y que atribuyen apenas un 5 % del tránsito de drogas hacia EE.UU. a rutas que pasan por territorio venezolano.
“A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. No me importa”, afirmó Rubio, insistiendo en que Washington seguirá actuando con base en sus propios procesos judiciales y acusaciones.
Marco Rubio desconoció informes internacionales
Las declaraciones contrastan con los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que han reconocido a Venezuela como un territorio sin cultivos de coca y con cifras de incautación consistentes en los últimos años.
El propio gobierno venezolano ha ofrecido estadísticas que coinciden con las de la ONU, lo que desmiente la narrativa estadounidense sobre un supuesto “narcoestado”.
EEUU no descarta instalar bases militares en Ecuador
Otro de los puntos sensibles de la visita fue la referencia a una eventual reactivación de bases militares estadounidenses en Ecuador, retiradas en 2009 tras la decisión del entonces presidente Rafael Correa.
Rubio declaró que su país está dispuesto a “considerar muy de cerca” la instalación de nuevas bases si el gobierno ecuatoriano lo solicita formalmente, calificando al país como “un lugar estratégico, muy estratégico” en la región para enfrentar narcotráfico, minería ilegal y pesca no regulada.
La visita de Rubio a Ecuador se produce en medio de un endurecimiento del discurso estadounidense hacia Venezuela, y sus declaraciones confirman que la agenda antidrogas de EE.UU. sigue sirviendo como marco para justificar presencia militar y presión política en América Latina.
