La tensión entre México y Perú escaló después de que el presidente peruano, José Jerí, afirmara que su gobierno podría irrumpir en la embajada mexicana en Lima con el fin de detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 2 de noviembre.
Chávez, quien enfrenta orden de prisión preventiva por cargos de rebelión y conspiración relacionados con el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo en 2022, solicitó asilo ante lo que denunció como una persecución política.
La declaración de Jerí, un hecho inédito en la historia diplomática regional, fue recibida con alarma. Para expertos en derecho internacional, la intervención violaría la inviolabilidad de las misiones diplomáticas consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), ratificada por ambos países. Esta normativa prohíbe que agentes del Estado receptor ingresen a una embajada sin consentimiento del acreditado.
Ante el anuncio de Perú, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó cualquier intento de irrupción como “una violación grave del derecho internacional” y defendió que la figura de asilo diplomático concedida a Chávez se atiene a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954).
El anuncio de Jerí ha generado reacciones de rechazo interno en Perú: ex mandatarios, sectores cocaleros y organizaciones de derechos humanos advierten que la medida profundiza la inestabilidad institucional y abre la puerta al uso excesivo de la fuerza.
