El buque de nombre Conscience fue atacado en agua internacionales cerca de Malta, por lo que los juristas indican que constituye un crimen de guerra.
El grupo Abogados por Palestina de origen chileno llevarán a Benjamín Netanyahu a Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, por el ataque con drones al buque Conscience, con bandera de Palau que llevaba como carga ayuda humanitaria para los palestinos.
Este grupo de juristas envió una comunicación a EFE en la que el coordinador Nelson Hadad, informa que esta acción corresponde a crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte del Estado de Israel, específicamente el primer ministro Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, responsables del ataque con drones a la Flotilla de la Libertad, perpetrado a 14 millas de las costas de Malta, en aguas internacionales del Mediterráneo.
El comunicado destaca que el ataque, que no ha sido reivindicado y «que parece haber tenido como objetivo específico el generador del buque», provocó un incendio en el barco y destruyó el sistema eléctrico, además de dañar el casco, según un portavoz de la organización.
Hadad señala que «drones de la aviación israelí dispararon la embarcación, impactaron el generador y el casco en la proa, provocando un incendio y una brecha que puso en riesgo la flotabilidad del navío».
Los 620 miembros de Abogados por Palestina, trabajaron en la denuncia que logró la orden de detención que pesa sobre Natanyahu, por parte de la CPI
“Este es un acto que vulnera absolutamente las normas del derecho internacional marítimo. La Convención del Mar de 1982 garantiza el paso inocente de embarcaciones privadas, especialmente cuando transportan ayuda humanitaria. Israel atacó un barco civil en ruta hacia la población palestina, sin que mediara provocación alguna. Esto constituye un crimen de guerra. Israel está bloqueando deliberadamente el acceso a alimentos y medicinas a un pueblo que está siendo matado por hambre, lo que constituye una forma de genocidio”, afirmó Nelson Hadad.
El jurista señaló que «las denuncias buscan activar mecanismos internacionales de justicia y protección humanitaria», frente a lo que calificó como “un acto deliberado para paralizar una misión pacífica”.
