La COP30, celebrada en Belém, Brasil, ha colocado sobre la mesa tres ejes estratégicos fundamentales para la acción climática: el financiamiento climático, la transición energética y la protección de los bosques y la biodiversidad. Las negociaciones avanzan entre demandas de justicia, financiamiento urgente y una presión creciente de comunidades indígenas.
En materia de financiamiento climático, uno de los puntos más críticos es la movilización de recursos para países vulnerables. De acuerdo con la agenda de la COP30, se ha presentado un “plan estratégico con el objetivo de asegurar 1,3 billones de dólares al año” para acciones climáticas.
La COP como ventana hacia la transición energética
Además, la ONU señala que tras la COP29 se acordó un nuevo objetivo cuantificado (“NCQG”) que reemplaza el compromiso anterior de 100.000 millones de dólares anuales: “es una póliza de seguros para la humanidad … pero solo funciona si las primas se pagan en su totalidad y a tiempo”, dijo Simon Stiell, secretario ejecutivo de la CMNUCC.
Otro foco central es la transición energética justa, un tema que ha despertado un gran interés especialmente en los países en desarrollo. Según la agencia brasileña, los fondos destinados al clima no han llegado como se había prometido, y la confianza se ha erosionado ante incumplimientos.
Para resolverlo, se han puesto sobre la mesa instrumentos financieros innovadores y mecanismos que conecten directamente a comunidades vulnerables con los recursos.
Respecto a la protección de bosques y biodiversidad, la COP30 ha dado un salto significativo. Se lanzó formalmente el Tropical Forest Forever Facility (TFFF), un mecanismo financiero histórico para la preservación de bosques tropicales, con más de 5.500 millones de dólares comprometidos.
Según el resumen oficial de la COP30, este fondo “es el mayor mecanismo de financiación forestal jamás creado”, y se espera que una parte sustancial de los recursos vaya directamente a comunidades indígenas y locales.
Delegados indígenas han subrayado la importancia de que al menos un 20 % de los fondos de conservación se destinen a sus comunidades. Según estos representantes, sus territorios son clave tanto para la mitigación del cambio climático como para la preservación de ecosistemas frágiles.
Las negociaciones llegan luego de años de desencuentros. En la COP16 sobre biodiversidad, por ejemplo, se estableció un objetivo de movilizar 200.000 millones de dólares por año para el 2030, pero quedó pendiente la creación de un fondo permanente para distribuir esos recursos de forma equitativa.
El acuerdo incluye una hoja de ruta para definir cómo evolucionarán los mecanismos financieros existentes y otros nuevos hasta 2030.
Otro punto de discusión ha sido la institucionalidad: aunque se acordó “decidir sobre un nuevo fondo” para biodiversidad, la decisión se ha pospuesto hasta 2028, lo que ha generado críticas, especialmente entre países en desarrollo que consideran que las estructuras actuales son poco accesibles.
En el centro de la COP30 también está la justicia climática: muchos delegados indígenas insisten en que la defensa de sus territorios debe ser reconocida como una solución climática efectiva. Además, exigen que las comunidades locales tengan un acceso directo a los recursos financieros para la conservación.
A pesar de los avances, persisten tensiones. Países ricos han sido señalados por no cumplir con sus promesas de financiamiento, mientras que las naciones más vulnerables insisten en la urgencia de cerrar la brecha financiera para evitar la pérdida irreparable de bosques y biodiversidad.
Con el arranque de la fase política de la cumbre, los diplomáticos tendrán que equilibrar la urgencia ecológica con los intereses económicos y sociales para lograr acuerdos concretos que transformen las palabras en acción efectiva.
