El aislamiento de Venezuela en el panorama gasífero y petrolero podría afectar la economía de Trinidad y Tobago, según la firma de análisis financiero S&P Morgan, que calificó el prospecto económico de Trinidad y Tobago de estable a negativo, dadas las políticas de su primera ministra Kamla Persad Bissessar.
“La economía de Trinidad y Tobago depende en gran medida del petróleo, el gas y los productos petroquímicos. Los proyectos del año pasado que habrían permitido a Trinidad y Tobago acceder a las reservas de gas venezolanas han sido cancelados”, puede leerse en el reporte.
Luego de su toma de posesión en mayo, la primera ministra Kamla Persad Bissessar, desestimó el trato gasífero por el campo Dragón, que la nación mantenía con Venezuela.
El yacimiento Dragon, ubicado en la costa norte de la República Bolivariana, posee una reserva de 4,2 billones de pies cúbicos (tcf) de gas natural. Mediante este trato, se planeaba canalizar gas venezolano hacia Trinidad y Tobago para su proceso y exportación como gas natural licuado. Este acuerdo garantizaba estabilidad económica a Trinidad y Tobago, luego de que sus reservas nacionales se agotaran.
El trato Dragón, como parte del sector energético de Venezuela, también fue blanco de sanciones estadounidenses, sin embargo, a principios de 2023, Trinidad y Tobago logró una exención de las sanciones estadounidenses que le permitía mantener relaciones comerciales limitadas con Venezuela.
En abril del presente año y citando un cambio en la política, el gobierno de los Estados Unidos revocó las licencias para los yacimientos de gas Dragon y Manakin-Cocuina.
“El acuerdo sobre el gas del (campo) Dragón está muerto, seríamos tontos si no buscáramos otras alternativas… Lo mantuvieron vivo durante 10 años y no consiguieron que funcionara, así que no vamos a hacerlo ahora. (Buscaremos) dentro de la CARICOM, como ya he mencionado, en Granada, Guyana y Surinam”, afirmó la mandataria.
Aunque la nación ha volteado a Guyana como nuevo proveedor, por la conveniencia política ante los Estados Unidos, el prospecto no es promisorio. Por demás, el gas natural que Guyana extrae del Bloque Stabroek, con cerca de 680 000 barriles de crudo diarios, se expolian a Venezuela, que mantiene su reclamo histórico e irrevocable sobre la Guayana Esequiba y sus aguas.
LEA MÁS: Trinidad y Tobago expectante a elecciones en Guyana para asegurar negocios
“Esperamos que la producción aumente en 2027, pero una parte del nuevo suministro compensará las disminuciones en los yacimientos existentes. Además, creemos que los nuevos proyectos se llevarán a cabo en gran medida en aguas más profundas, a las que puede ser más difícil y costoso acceder,” afirmó S&P.
La firma revisó la perspectiva económica de Trinidad y Tobago de estable a negativa, advirtiendo que la calificación crediticia del país podría rebajarse ya el próximo año. S&P ha citado el debilitamiento de las finanzas públicas, la disminución de la producción de petróleo y gas y el lento crecimiento económico como riesgos clave. Una perspectiva negativa indica que las finanzas públicas están bajo presión, lo que podría acabar afectando al empleo, los servicios públicos y el costo de la vida.
No sin Venezuela

El anterior ministro de energía y ex primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Young, es un crítico de esta postura del actual gobierno hacia Venezuela en el ámbito geopolítico y por ende, lo energético.
“Como Standard & Poors indicaron ayer, la pérdida del suministro de gas venezolano tendrá graves efectos negativos en Trinidad y Tobago y nuestra economía. Conducirá a la disminución de la producción, la pérdida de suministro de gas y la reducción de los ingresos”, afirmó vía Facebook. En mayo, Young también llamó a la primera ministra a no desestimar a Venezuela de la ecuación gasífera nacional.
Agresiones a Venezuela
La actual administración de Trinidad y Tobago, en franco alinamiento al gobierno de los Estados Unidos, ha asumido una política hostil hacia la República Bolivariana. Persad Bissessar no solo dio la espalda al trato Dragón, sino que en junio afirmó que usaría fuerza letal contra cualquier embarcación proveniente de Venezuela y en agosto brindó su territorio nacional como base militar estadounidense en caso de una supuesta invasión a Venezuela.
También en el contexto del actual despliegue naval militar estadounidense contra la República Bolivariana y el ataque contra una primera nave supuestamente de origen venezolano, la mandataria apoyó abiertamente estas acciones violatorias de los convenios internacionales y que emulan ejecuciones extrajudiciales. También ha abierto políticas antimigrantes para atacar la migración venezolana en su territorio bajo argumentos de criminalización.