El Fondo Soberano de Noruega, con activos por $2 billones, se desvincula de Caterpillar y cinco bancos israelíes al detectar un “riesgo inaceptable” de facilitar violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania, tras intensas críticas nacionales e internacionales.
CEO Nicolai Tangen advirtió que esta ha sido su “peor crisis” de confianza pública, mientras el gobierno lucha por conservar credibilidad ética sin comprometer sus vínculos diplomáticos.
«Esta es la peor crisis que he vivido», confesó el director ejecutivo del fondo, Nicolai Tangen, al diario sueco Dagens Industri el viernes.
«Es una situación grave porque está en juego la confianza en el fondo». Precisó Tangen.
Esta decisión se basa en un «riesgo inaceptable» de que estas empresas contribuyan a «graves violaciones de los derechos de las personas en situaciones de guerra y conflicto», especialmente en Gaza y Cisjordania.
Según datos del fondo, al 14 de agosto mantenía participaciones en 38 empresas por un valor de 19 mil millones de coronas (1,85 mil millones de dólares), en sectores como banca, tecnología, bienes de consumo e industria.
Se esperan más desinversiones, según declaró el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg.
El Consejo de Ética del fondo determinó que las excavadoras de Caterpillar fueron utilizadas por las autoridades israelíes para la «destrucción ilegal generalizada de propiedades palestinas», mientras que los bancos israelíes apoyaron asentamientos en territorios ocupados al proporcionar servicios financieros esenciales para su construcción y expansión.

Esta medida forma parte de una revisión ética más amplia vinculada a los desarrollos en la región. El fondo había mantenido una participación de 2.100 millones de dólares en Caterpillar y 661 millones de dólares en los bancos israelíes afectados. La desinversión se completó antes de que se hicieran públicos los nombres de las empresas afectadas.
Noruega en debate

La decisión generó un debate político en Noruega, especialmente en el contexto de las elecciones parlamentarias programadas para el 8 de septiembre.
Partidos de izquierda, como el Partido de la Izquierda Socialista, han presionado al Partido Laborista gobernante para que desinvierta de empresas involucradas en lo que califican como «guerra ilegal de Israel en Gaza».
Aunque el Partido Laborista ha rechazado tales demandas, las negociaciones posteriores a las elecciones podrían forzar una reconsideración.
Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo, describió la situación como su «peor crisis», destacando la amenaza a la confianza pública.
Desde el 30 de junio, el fondo ha desinvertido en 23 empresas israelíes, tras haber mantenido participaciones en 38 firmas por un valor total de 1.850 millones de dólares.
Los críticos argumentan que las inversiones en empresas israelíes socavan la ley internacional y las directrices éticas establecidas en 2004, que prohíben financiar empresas cómplices de violaciones de derechos humanos.
Las partes interesadas del fondo, como Norges Bank Investment Management (NBIM), el Consejo de Ética y el Ministerio de Finanzas, están preocupadas por las interpretaciones políticas de la desinversión, especialmente en relación con empresas estatales en el extranjero.

El ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, ha enfrentado críticas por su manejo del asunto. A pesar de su perfil tradicionalmente bajo, la reputación global del fondo ahora está en juego en medio de un creciente escrutinio tanto nacional como internacional.