El Parlamento de Venezuela aprobó, en primera discusión, un proyecto jurídico para derogar la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de Roma, dejando abierta la posibilidad de que el país bolivariano se desincorpore del organismo internacional.
Durante una marcha realizada en Caracas, la capital, el pasado 19 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que este organismo internacional es «mentiroso».
«Yo sueño con el día en que nuestro Presidente (Maduro) anuncie nuestra salida de la Corte Penal Internacional, que nos salimos de esos organismos mentirosos que no sirven para defender los derechos humanos de nadie», afirmó Rodríguez en aquel momento.
¿Qué pasó antes de que el Parlamento presentara el proyecto?
El Poder Legislativo venezolano presentó este proyecto después de que la CPI anunció el cierre de esta oficina en Caracas, donde estaba previsto que trabajara con los poderes públicos venezolanos para revisar supuestas denuncias en materia de derechos humanos, a raíz de la violencia callejera en 2014 y 2017, conocida en el país suramericano como «guarimbas».
Cuando la CPI anunció el cierre de la capital venezolana, alegó falta de «progreso real» en Venezuela, haciendo énfasis en el principio de complementariedad, que es el compromiso de un país a investigar presuntos «crímenes» de los cuales acusan a los poderes públicos de una nación.
Cancillería reveló los detalles
En contravía de los argumentos de la CPI, la Cancillería de Venezuela reveló en un comunicado que aunque el Estado venezolano suscribió dos memorandos de entendimiento con la CPI y se estableció una hoja de ruta para buscar «mecanismos que contribuyan a lograr esfuerzos en materia de justicia y derechos humanos».
En un comunicado, la Cancillería informó que la CPI no mostró «el más mínimo compromiso ni el espíritu de cooperación». El Ministerio de Exteriores dijo que esa corte nunca asignó personal calificado a la oficina en Caracas, aunque ya estaba activada desde hace varios meses.
La CPI, agregó la Cancillería, tampoco hizo aportes ni recomendaciones para abordar los casos que paradójicamente solicitaba investigar en la nación bolivariana.
La CPI se desentendió
La CPI «se desentendió», según reveló la Cancillería venezolana, para luego utilizar las denuncias contra Venezuela con fines políticos. «Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos», reza el Comunicado oficial del Gobierno nacional.
Caracas denunció que la CPI mantiene un «silencio abrumador» y no se ha pronunciado sobre el caso «Venezuela II», que expone los crímenes de lesa humanidad causados por el bloqueo económico contra el pueblo venezolano, a pesar de haber transcurrido más de cinco años.
En la sesión del Parlamento, donde se aprobó en primera discusión el proyecto legal, los legisladores señalaron el comportamiento sesgado que ha tenido la CPI con Venezuela, por lo que denunciaron que el organismo estaba siendo utilizado como instrumento político por factores de EEUU.
En la sesión, efectuada el martes, el diputado Roy Daza denunció que la intención de la Corte era suplantar las leyes nacionales por las internacionales.
«Estamos frente a una situación que es muy difícil aceptar por cualquier país del mundo: que es suplantar la legislación venezolana, suplante las leyes venezolanas, por leyes internacionales, eso podrán aplicarlo en cualquier parte, pero aquí esa corte no va a suplantar a la legislación, porque este es un país libre, soberano e independiente», señaló.
Tras esta primera aprobación, ahora el proyecto legislativo será enviado a la Comisión del Parlamento dedicada a la Política Exterior, Soberanía e Integración, y luego a la Comisión de Política Interior. Una vez que pase por esas comisiones, al proyecto será introducido en segunda discusión en el hemiciclo legislativo.
