Pese a las protestas en la calle: El Senado de Brasil aprobó este jueves un proyecto de ley que modifica las reglas de progresión de penas y que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
La iniciativa, que ya había sido avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, ahora queda en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá decidir si la promulga o la veta.
El texto fue incorporado con rapidez a la agenda del pleno senatorial por decisión del presidente de la Cámara Alta de el Senado, Davi Alcolumbre, lo que generó fuertes críticas desde la base del Gobierno. Los oficialistas sostienen que la propuesta no solo impacta en los responsables de la asonada contra las instituciones, sino que también podría favorecer a delincuentes vinculados a facciones criminales, al flexibilizar criterios de cumplimiento de condenas.
En la legislación vigente, la progresión del régimen penitenciario para delitos no violentos exige cumplir entre el 16 % y el 20 % de la pena. En los casos de violencia o amenazas graves, el umbral se eleva a entre el 25 % y el 30 %. El proyecto aprobado estandariza la regla de un sexto de la condena —equivalente al 16 %— para la mayoría de los casos, con excepción de los crímenes considerados atroces.
Desencuentros en el Senado
Antes de la votación, varios senadores advirtieron que presentarán iniciativas paralelas para corregir lo que califican como “distorsiones legales” introducidas por el nuevo marco. De producirse cambios en el Senado, el texto debería regresar a la Cámara de Diputados, que tendría la última palabra.
Si, por el contrario, los senadores aprueban una versión alternativa completa, el trámite se invertiría y serían los diputados quienes revisen el contenido antes de una decisión final del Senado.
Las reiteradas solicitudes del oficialismo para posponer el debate no lograron frenar el avance del proyecto. El líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias, cuestionó con dureza al presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, por acelerar la votación. Motta respondió acusando al PT de «incoherencia histórica», profundizando el cruce político en torno a la iniciativa.
Desde el campo bolsonarista, el líder del Partido Liberal (PL), Sóstenes Cavalcante, reconoció que el texto no alcanza la amnistía total que reclama la oposición, pero lo definió como «el paso posible» en el actual contexto político.
En la misma línea, el relator del proyecto, Paulinho da Força, defendió la medida como un «gesto de reconciliación» y un «camino de equilibrio» entre mantener las condenas vigentes y conceder un indulto pleno.
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Crédito: Foto: Sérgio Lima
Da Força agradeció públicamente el respaldo del expresidente Michel Temer y del dirigente Aécio Neves, y afirmó que Brasil no puede «vivir eternamente aprisionado por su pasado reciente». Su informe propone reducir el cálculo de las penas, eliminar la acumulación entre los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, y flexibilizar la progresión del régimen carcelario.
La versión finalmente aprobada dejó fuera la propuesta inicial del exalcalde Marcelo Crivella, que planteaba una amnistía amplia para Bolsonaro, actualmente recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia. El debate, sin embargo, sigue abierto y traslada ahora la presión política al Palacio del Planalto.
