Gustavo Petro, cargó contra el accionar militar de Estados Unidos en el Caribe, afirmando que existen “indicios” de que la última lancha bombardeada por fuerzas estadounidenses era de nacionalidad colombiana y llevaba ciudadanos de su país a bordo. El pronunciamiento alimenta una crisis diplomática ya latente entre Bogotá y Washington.
En su cuenta de X , Petro expresó: “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”. También señaló que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe” y enfatizó que “no hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo, que debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.
Las declaraciones del mandatario respondieron a un mensaje del senador demócrata Adam Schiff, quien anunció que promoverá en el Congreso de Estados Unidos una votación para limitar el uso de la fuerza militar en embarcaciones en alta mar. Petro apoyó esa iniciativa y la calificó de justa frente al nuevo escenario que, en su opinión, se estaría dibujando en la región.
La Casa Blanca responde a Petro
La Casa Blanca respondió de inmediato. En un comunicado extraoficial, fuentes estadounidenses calificaron las declaraciones de Petro como “infundadas y reprochables” y exigieron una retractación pública para poder “volver a un diálogo productivo” entre los dos países.
“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente por su declaración infundada y reprochable, para que podamos volver a un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de EE. UU. y Colombia”, se leyó en el mensaje.
Ante esas exigencias, Petro respondió que su gobierno exige “que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada”. Insistió en que no se retractará sin que el Gobierno estadounidense presente datos que contradigan sus afirmaciones.
Esta escalada se enmarca en una operación militar estadounidense en el Caribe que, según informes, ha atacado al menos seis embarcaciones en aguas frente a Venezuela, con un saldo estimado de al menos 21 muertos. Washington sostiene que los objetivos eran botes vinculados al narcotráfico, mientras que críticos internacionales y gobiernos latinoamericanos denuncian ejecuciones extrajudiciales y falta de transparencia.
Desde Colombia, Petro cuestiona la estrategia antidrogas de Estados Unidos, acusándola de castigar fundamentalmente a campesinos o traficantes de bajo nivel, mientras ignora las estructuras financieras y legales que respaldan el negocio ilícito. En ese sentido ha planteado que “los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubai.
En esa lancha van jóvenes caribeños pobres. Lanzar misiles cuando se puede interceptar (…) produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad; por tanto, se trata de un asesinato”.
El Gobierno colombiano no ha presentado pruebas contundentes que respalden la nacionalidad del barco atacado ni quiénes eran sus tripulantes. Algunos analistas advierten que alegatos de ese tipo deben ser respaldados con evidencias concretas para evitar caer en desinformación o escaladas innecesarias. Por ahora, la acusación de Petro añade una nueva dimensión al conflicto latente en el Caribe.
Por su parte, desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reafirmado que las operaciones en el Caribe continuarán, calificándolas como parte de una misión seria para combatir organizaciones narcotraficantes.
En el plano diplomático, varios países de América Latina y bloques regionales han llamado al cese de acciones militares unilaterales en el Caribe y han promovido la declaración de la zona como “zona de paz”. Colombia, bajo el liderazgo de Petro, podría liderar nuevas acciones de protesta formal o reclamo internacional si no se esclarecen los hechos.
La acusación del presidente Petro amenaza con agravar las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos y recrear debates sobre la legalidad, extraterritorialidad la presunción de inocencia y el uso de la fuerza en operaciones marítimas.
