La Policía de Guyana anunció que tiene bajo custodia a otros seis acusados por la explosión de una gasolinera el pasado domingo 26 de octubre.
Los implicados son Wayne Correia, 44 años, guyanés; Ramesh Pramdeo, 51 años, guyanés; Krystal LaCruz, 33 años, guyanesa; Jennifer Rodríguez, 33 años, venezolana; Johnny Boodram, 27 años, venezolano; y Alexander Bettancourt, 44 años, venezolano. Estos arrestos le siguieron al de Daniel Alexander Ramírez Poedomo (identificado así por la policía de Guyana) nacional venezolano de 33 años a quien se acusa de ser el principal perpetrador de los actos.
El siniestro ocurrió el domingo 26 de octubre, en la estación de combustible situada en las calles Rey y Regente, en Georgetown y que cobró la vida de cinco personas, entre ellas una niña de seis años.
Los acusados comparecieron ante el tribunal el mismo día, pero sus audiencias se celebraron en lugares diferentes. El caso de Poedemo, Bettancourt, LaCruz y Boodram tuvieron audiencia por la magistrada principal Faith McGusty en el Tribunal de Distrito de Georgetown, mientras que los casos de Rodríguez, Corriea y Pramdeo fueron vistos virtualmente en el Tribunal de Magistrados de Leonora por la magistrada Alicia George.
Betancourt, Boodram, y LaCruz fueron acusados de complicidad en la comisión de un acto terrorista por supuestamente auxiliar a Perdomo entre el 24 y el 29 de octubre. No se les exigió que se declararan culpables o inocentes y permanecerán bajo prisión preventiva hasta el 12 de noviembre, fecha en la que continuará el proceso. Correia, Pramdeo y Rodríguez quedaron en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre.
Se les acusó de participar en un acto terrorista al amenazar la seguridad y la soberanía de Guyana o sembrar el terror entre la población mediante el uso de sustancias explosivas.
Pena de muerte con juicio inconcluso
El ministro del Interior de Guyana, Oneidge Walrond, afirmó que el líder guyanés está dispuesto a emprender acciones legales aplicar la pena de muerte e este caso.
“Se ha asesinado a un niño inocente. Si este hombre hubiera podido tirar el artefacto a la basura, se habrían perdido más vidas, pero la vida de un guyanés sigue siendo demasiado. Estoy absolutamente seguro de que el comandante en jefe lo aprobará”, dijo Waldron.
También en una publicación en su página de Facebook, el presidente Ali citó el capítulo 8:01 de la Ley de Delitos Penales, que establece que “una persona que cometa un acto terrorista comete un delito y, tras ser declarada culpable, podrá ser condenada a muerte si dicho acto ha causado la muerte de alguna persona”.
La pena de muerte es legal en Guyana, aunque no se aplica desde 1997 cuando se ejecutó a Michael Archer y Peter Adams, acusados de asesinato mientras cometían un robo.
Hasta 2022, se reportan 22 personas bajo sentencia de pena de muerte en Guyana. Eslovenia, Portugal y Paraguay han recomendado a la nación abolirla. La nación ha afirmado que es “abolicionista de facto” dado que no lo aplica.
Irregularidades en el proceso
Durante la primera vista, el representante legal de Boodram, Mikel Puran, argumentó que su cliente, un taxista, no tenía conocimiento del atentado y que simplemente había sido contratado por LaCruz para llevarla a ella y a dos hombres venezolanos a Georgetown.
“Es un abuso llevarlo ante el tribunal cuando no tiene conocimiento alguno” declaró Pooran. No obstante, la fiscalía se opuso a la libertad bajo fianza por motivos de interés público y seguridad ciudadana.
Otras irregularidades han plagado el proceso. Durante la búsqueda de sospechosos, se publicaron imágenes del supuesto culpable mejoradas con Inteligencia Artificial que mucho distan de la apariencia de Peodomo.

También, se le tomó testimonio (en el que supuestamente se declaró culpable) sin un representante legal y en presencia de un traductor, dado que no habla inglés.
Acusaciones en Guyana: Venezuela en la mira
El caso ha reavivado la narrativa anti venezolana y por ende, contra la migración de esa nación.
En el contexto de las tensiones entre la República Bolivariana y la República Cooperativa por su controversia sobre la Guayana Esequiba, autoridades guyanesas han alimentado los argumentos de la supuesta presencia de espías o criminales venezolanos operando en suelo guyanés.
“No queremos que la gente venga aquí y sean espías. No queremos que la gente venga aquí y no se reconozca ni se identifique. Sabemos que hay algunos espías aquí” afirmaba el ex ministro del interior Robeson Benn en vísperas de las elecciones de gobernadores de Venezuela.

Una denuncia similar se produjo el 31 de agosto, horas antes de las elecciones presidenciales de Guyana el 1ro de septiembre, cuando nuevamente las Fuerzas de Defensa de Guyana denunciaron un ataque armado desde el margen venezolano del Río Cuyuni, supuestamente por parte de los “sindicatos”, pretendidas bandas armadas que operan en territorio fronterizo. Una vez más, no hubo evidencia del caso.
El Jefe de Estado de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Brigadier Omar Khan, también aludió a la presencia de supuestos espías entre la migración venezolana en su país.
“Mientras Guyana se acerca con compasión, estamos comprometidos a salvar las fronteras, en la protección de nuestras fronteras. Y es por eso que hemos implementado fuertes medidas de seguridad en la investigación de antecedentes, procesamiento y documentación de todos los migrantes venezolanos” afirmó Khan.
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Esta construcción tendenciosa de Venezuela y su migración como enemigo del pueblo guyanés, le ha servido a la administración Ali para justificar, además, la implementación de un sistema de identificación y rastreo digital.
“Todos los migrantes venezolanos que llegan aquí a través de nuestros puertos son registrados y se recopilan sus datos”, explicó la Ministra del Interior Oneidge Walrond, sobre el sistema.
Por otra parte, otro capítulo de criminalización contra Venezuela se da con las acusaciones contra el candidato opositor y ahora virtual líder de oposición parlamentaria, Azruddin Mohamed, de supuestos vínculos con el gobierno venezolano en tráfico de oro.
Este argumento ha sido refutado por autoridades venezolanas y especialmente por el embajador de Venezuela en Guyana, Carlos Amador Pérez Silva.

