El presidente de la Asociación de los Pueblos Amerindios, Mario Hastings, acusó al gobierno de Guyana de no respetar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus propios terrenos ancestrales y politizar la causa indígena a su favor.
“En Guyana, los pueblos indígenas tenemos títulos sobre nuestras tierras, pero no tenemos propiedad sobre los recursos de las mismas. Tampoco se nos consulta cuando estos recursos quieren ser explotados por empresas o nuestros gobiernos” afirmó Hastings durante su participación en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (FPNUCI).
El encuentro se celebra del 21 de abril al 2 de mayo, bajo el lema «Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los Estados Miembros de las Naciones Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas, incluida la determinación de buenas prácticas y la resolución de problemas», en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
“Las acciones del gobierno violan directamente nuestro derecho a la autodeterminación en nuestra tierra. Por lo tanto, una incorporación más firme de la ONU aumentaría la protección de nuestros derechos y garantizaría que sean respetados y defendidos en lugar de anulados por intereses corporativos o estatales.”
De acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gabinete del Presidente durante la presentación del Presupuesto para 2025 en la Asamblea Nacional, la minería de oro, diamantes y bauxita en Guyana creció en un 13.3% para 2024. Lo lucrativo del sector propicia la concesión acelerada de licencias para la explotación minera, frecuentemente, en territorio indígena. Entre abril y junio del 2024, se concedieron más de 350 licencias.
Por su parte, los pueblos indígenas, que comprenden el 10,51% de la población total en Guyana, habitan las zonas administrativas 1, 7, 8 y 9, todas de carácter ampliamente rural, donde también existe la mayor concentración de reservas de minerales y metales. Gran parte de sus asentamientos también coinciden con la zona en controversia con Venezuela, la Guayana Esequiba.
Según un informe de la Asociación de Pueblos Amerindios las comunidades indígenas sufren la falta de demarcación de sus tierras, tampoco poseen la propiedad legal o título sobre sus ellas, por lo que están expuestos a desalojos e invasiones por parte de las compañías y pequeños productores mineros.
Hastings señaló que, aunque el gobierno guyanés habla «elogiosamente» de que las comunidades indígenas se beneficiarán de la financiación de su Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono a través de la venta de créditos de carbono, esto no da una imagen completa, ya que los procesos que condujeron a este acuerdo fueron “profundamente defectuosos” y carecieron de una consulta adecuada sobre cómo se utilizarían los bosques y las tierras indígenas en este plan.
“Nuestros ríos están siendo envenenados y nuestro medio ambiente está siendo profanado nombre de las industrias extractivas y el beneficio (…) Todo esto se justifica en nombre deldesarrollo económico sin nuestra participación mientras se fomenta la división entre nuestros pueblos. Pedimos al gobierno de Guyana que adopte medidas tangibles para la revisión de la Ley Amerindia de 2006 e incorpore los artículos de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en nuestras leyes nacionales para garantizar la protección de nuestros pueblos frente a las crecientes amenazas de las viejas y nuevas industrias extractivas” continúa su declaración.
La Ley Amerindia de 2006 establece la titulación y otorgamiento de derechos legales a los pueblos indígenas sobre su tierra y además, define responsabilidades estatales para con estos pueblos.
