En medio de una escalada de tensiones por las operaciones de inmigración y el despliegue militar federal, el gobernador de California, Gavin Newsom, se erige como la figura central en un desafío sin precedentes a la autoridad del gobierno de Donald Trump.
Con una retórica contundente y acciones legales inmediatas, Newsom pone a prueba los límites del federalismo estadounidense, defendiendo la autonomía de su estado frente a lo que califica de «abuso de poder» federal.
Nacido el 10 de octubre de 1967 en San Francisco, Newsom ha tenido una carrera política marcada por un estilo directo y a menudo confrontacional con figuras conservadoras, incluido el presidente Donald Trump.
Desde el 8 de junio pasado, cuando el presidente Trump federalizó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del estado –una acción que no se veía en 60 años–, Newsom lidera la oposición.
Su postura es clara: «No teníamos un problema hasta que Trump se involucró. Rescinda la orden. Devuelva el control a California».
Newsom calificó los despliegues federales de «imprudentes», «sin sentido» y «una falta de respeto a nuestras tropas». Ha acusado directamente al presidente Trump de «alimentar el ego de un presidente peligroso» y de «crear deliberadamente una crisis artificial» en California con fines políticos.
Gavin Newsom, actual gobernador de California desde enero de 2019, es una figura clave dentro del Partido Demócrata y un líder progresista conocido por sus posturas firmes en temas sociales, ambientales y de derechos civiles.
Incluso ha expresado preocupación por el bienestar de las tropas federalizadas, alegando que operaban sin alimentos, ni agua adecuados y que esperaban principalmente en edificios federales para recibir órdenes, sugiriendo que su despliegue era más un espectáculo político que una necesidad operativa.
La confrontación alcanzó un punto álgido con las acusaciones de Trump de que Newsom es un «gobernador incompetente» que está «destruyendo uno de nuestros magníficos estados». Ante la controvertida sugerencia de un funcionario de la administración Trump sobre su posible arresto, Newsom respondió desafiante: «Tom, arréstame. ¡Vamos!».
La respuesta de California no se ha limitado a las palabras. El 9 de junio, el Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció una demanda contra la administración Trump por la «federalización ilegal» de la Guardia Nacional, argumentando que el presidente había «pisoteado» la soberanía del estado.
Newsom también ha declarado su intención de demandar por el despliegue de infantes de marina en servicio activo, calificándolo de «ilegal» y un «abuso flagrante de poder», enfatizando que los Marines «no son peones políticos».
El gobernador y otros funcionarios de California insisten en que no había «emergencia», «invasión» ni «rebelión» en el estado, y que las autoridades locales tenían los recursos necesarios para gestionar las protestas.
Esta postura subraya el argumento central de California: la Constitución del estado otorga al gobernador el control sobre su Guardia Nacional, y la intervención federal sin consentimiento es una violación de la soberanía estatal.
El enfrentamiento entre Newsom y Trump no solo es una disputa legal, sino también una batalla política que podría redefinir el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados. La firmeza de Newsom en esta crisis lo posiciona como un defensor clave del federalismo y un contrapeso al poder ejecutivo federal.
Justificación de la Intervención por parte de la administración Trump
El presidente Trump justificó públicamente los despliegues federales afirmando que Los Ángeles habría sido «completamente aniquilada» si no hubiera enviado a la Guardia. Declaró: «Si no hubiéramos hecho el trabajo, ese lugar estaría ardiendo», y enfatizó: «Siento que no teníamos otra opción».
Lanzó acusaciones directas contra el gobernador Newsom, tildándolo de «gobernador incompetente» y afirmando: «Mire el trabajo que está haciendo en California. Está destruyendo uno de nuestros magníficos estados».
Trump también sugirió controvertidamente el arresto del gobernador Newsom , aunque su «zar de la frontera», Tom Homan, luego se retractó de cualquier plan concreto para dicho arresto.
Marco Legal Invocado para la Intervención Federal.
El presidente Trump parece estar invocando la Ley de Insurrección de 1807, una ley federal que le permite desplegar miembros del servicio federal en casos de «una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos».
Esta interpretación está implícita en su caracterización de las protestas como una «forma de rebelión». El propósito declarado del Pentágono para los despliegues fue proteger los edificios federales y a los agentes federales.
El despliegue de la Guardia Nacional de California por parte del presidente Trump sin el consentimiento del gobernador se señala explícitamente como una acción sin precedentes, marcando la primera vez en 60 años que un presidente lo ha hecho.
La condena generalizada y unificada del liderazgo demócrata de California, junto con la solidaridad reportada de otros gobernadores demócratas, pone de manifiesto una división partidista significativa en el tema de la intervención federal y la aplicación de la ley de inmigración.
Esto sugiere que el conflicto no es simplemente una disputa legal sobre la autoridad constitucional, sino también una batalla política, en la que cada parte utiliza estratégicamente los acontecimientos para reforzar sus narrativas políticas más amplias y movilizar a sus respectivas bases.
La aparente falta de apoyo bipartidista al despliegue federal, al menos por parte de los funcionarios de California, subraya la polarización política que rodea estas cuestiones.
Desafíos legales y argumentos clave de los funcionarios de California
Al respecto la investigadora de la Universidad del Zulia Edith Cuñarro Conde, afirmó que «Este episodio ilustra vívidamente un marcado cambio de un modelo de federalismo cooperativo, donde los gobiernos federal y estatal idealmente colaboran, hacia un modelo más conflictivo, particularmente bajo una presidencia dispuesta a desafiar agresivamente las normas establecidas y los límites constitucionales».
«Los ataques directos y personales del Presidente al gobernador y al alcalde y los despliegues militares unilaterales demuestran una clara voluntad de afirmar el dominio federal a través de la fuerza y el desafío legal en lugar de la negociación o la construcción de consenso».
«El resultado final de esta disputa dará forma al futuro panorama de la dinámica de poder federal-estatal durante las próximas décadas» concluyó Cuñarro.
