Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y que lo detuvieran en una invasión a la sede diplomática cuando se lo concedieron.
Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también recibió los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares.
El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían utilizarse «para la atención a las víctimas del terremoto»
Reacciones
Las voces en contra de la decisión judicial y a favor de los DDHH de Glas, se dieron antes y después de la condena.
Organizaciones sociales, políticas y hasta el Sumo Pontífice desde el Vaticano se han pronunciado en redes sociales para sumar apoyos a Glas.
Jorge Glas niega haber administrado dinero
Glas aseguró días atrás que él no administró «ni un solo dólar» durante el proceso de reconstrucción, pero la jueza Caicedo dijo en la lectura de la decisión que, si bien el exvicepresidente correísta no suscribió contratos, pudieron evidenciar «su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad».
En ese mismo sentido, la defensa de Bernal había asegurado que el exsecretario del Comité tampoco adjudicó contratos, pero la magistrada señaló que impulsaba el desembolso de dinero para que las instituciones hagan esos contratos y que el presupuesto de algunos de esos proyectos priorizados «finalmente llegaba a las arcas de la familia de Bernal Alvarado porque los contratos iban direccionados hacia ellos».
