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Pareja venezolana arrestada y separada de su hija de dos años, en redada de ICE en un Walmart de Nueva York

Una familia venezolana que residía en Dunkirk, Nueva York, fue objeto de una operación migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que terminó con la detención simultánea de ambos padres y la separación forzada de su hija de dos años, ciudadana estadounidense. La detención ocurrió en el estacionamiento de un Walmart, lugar donde la pareja trabajaba como repartidores para Walmart bajo contratación independiente desde 2022.

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Detención en Walmart y promesas incumplidas

Según relató el padre, Carlos Molina Manzaneda, tanto él como su esposa, Rebeca Ferreira Castillo, fueron abordados por agentes de inmigración mientras cumplían sus labores en el establecimiento comercial conocido cómo Walmart. A pesar de que uno de los oficiales de ICE les prometió que solo arrestarían a uno de los dos, al final ambos fueron detenidos. Esto dejó a su hija Inés, de apenas dos años, sin la atención parental necesaria y ahora bajo el cuidado temporal de un familiar.

Pareja venezolana arrestada y separada de su hija de dos años, en redada de ICE en un Walmart de Nueva York

Destino separado para los padres y el calvario de una niña inocente

Tras la detención, el padre permaneció recluido en el centro de detención ICE en Batavia, Nueva York, mientras que la madre fue trasladada a una instalación en Luisiana. Este desplazamiento pone en riesgo la posibilidad de que puedan continuar juntos el proceso judicial migratorio. Mientras tanto, Inés vive con un familiar desde finales de julio, una situación que ha conmocionado a defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre la política instaurada por la administración de Trump, que se encarga de separar familias y que ha causado tanta controversia desde el primer mandato de Trump.

Defensa legal de la familia denuncia el actuar de ICE

El abogado de la familia ha denunciado que ICE actuó con absoluto desprecio por el bienestar infantil al separar a la pequeña de sus padres y ha solicitado la liberación de al menos uno de ellos para que pueda reunirse con Inés. El defensor también exige que ambos sean trasladados para que puedan continuar su proceso en el mismo estado y se les otorgue libertad condicional por razones humanitarias. Sin embargo, ICE ya rechazó una petición de fianza, y la próxima audiencia judicial de Carlos Molina está programada para el año 2027, lo que prolonga la incertidumbre para esta familia.

¿Se repite los patrones de separación familiar?

Organizaciones como Justice for Migrant Families y la New York Immigration Coalition han señalado que este no es un caso aislado. Un reciente informe documentó al menos nueve situaciones similares en distintas partes del país. Activistas y abogados denuncian que esta oleada responde a una política migratoria renovada que establece cuotas diarias de arrestos, una estrategia vinculada a la administración Trump. Esta tendencia ha levantado alarmas por lo que recuerda como “lo peor del pasado” en cuanto a crueldad migratoria y separación familiar.

Una familia que busca refugio y un futuro seguro

Ambos padres ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2022 y hasta antes de la redada, cumplían con todos los procesos legales y judiciales. Mientras esperaban la resolución de su situación migratoria, trabajaban honestamente para sostener a su pequeña y construirse un futuro digno.

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Reacción y llamado a la acción

La situación de Inés ha movilizado a diversos sectores de la sociedad, incluyendo abogados defensores de derechos humanos y activistas, quienes han exigido acciones rápidas para evitar que más familias se fragmenten bajo una política migratoria considerada por muchos como inhumana y violatoria de derechos básicos. Mientras tanto, la niña de dos años sigue sin comprender la ausencia de sus padres, enfrentando noches de llanto y dificultades para comer.

Esta crisis humana refleja las complejidades y desafíos actuales del sistema migratorio estadounidense, especialmente bajo la presión de políticas que ponen en riesgo la unidad familiar. El caso de esta familia venezolana es una llamada urgente a revisar y humanizar las prácticas migratorias para proteger a los más vulnerables y evitar que tragedias similares se repitan.

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