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Represión y desalojo violento de vigilia en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

Según testimonios y registros audiovisuales, el operativo se ejecutó sin previo aviso alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando la mayoría de los manifestantes dormían

En las primeras horas de la madrugada de este domingo 15 de junio, más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpieron en las inmediaciones de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Constitución, para desalojar a cientos de militantes y simpatizantes que llevaban cinco días en un acampe en señal de apoyo.

El operativo, descrito por las autoridades como una «liberación del espacio público», dejó imágenes de violencia contra civiles y la remoción forzosa de carpas, banderas y estructuras improvisadas.

Según testimonios y registros audiovisuales, el operativo se ejecutó sin previo aviso alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando la mayoría de los manifestantes dormían. Las fuerzas de seguridad retiraron gazebos, sombrillas y enseres personales, argumentando la «ilegalidad» de la estadía de las personas.

Aunque las autoridades negaron enfrentamientos, testigos denunciaron uso excesivo de la fuerza y un clima de intimidación. «Vinieron como si estuviéramos cometiendo un crimen, pero solo estábamos acompañando a Cristina en un momento injusto», declaró una manifestante a medios locales.

El despliegue policial contrasta con el carácter pacífico de la vigilia, organizada tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de una condena de seis años de prisión contra Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. Este fallo, criticado por amplios sectores jurídicos y políticos por supuestas irregularidades procesales (incluyendo la falta de pruebas directas), es señalado como parte de una «persecución judicial» contra la líder peronista.

Este desalojo se produjo en un contexto en el que la expresidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

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