Estados Unidos podría estar evaluando imponer sanciones contra toda la Corte Penal Internacional (CPI), en represalia por las investigaciones abiertas contra altos funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra en Gaza, informó Reuters citando a fuentes diplomáticas.
De concretarse, la medida supondría una escalada inédita en la confrontación entre Washington y La Haya, ya que “pondría en peligro” el funcionamiento cotidiano del organismo internacional, según el medio. Hasta ahora, las sanciones estadounidenses se habían dirigido contra fiscales y funcionarios individuales de la CPI, sin afectar directamente al tribunal en su conjunto.
Reuniones de emergencia en La Haya
El informe de Reuters señala que la corte ha sostenido reuniones internas de emergencia para evaluar el impacto de posibles sanciones generales. Además, diplomáticos de los Estados miembros de la CPI habrían mantenido encuentros en las últimas horas para coordinar posiciones frente a lo que consideran un desafío directo a la independencia del organismo.
Una de las fuentes citadas por Reuters explicó que se espera en breve una decisión sobre “sanciones a una entidad”, en referencia a la posibilidad de extender las medidas a toda la CPI y no únicamente a individuos.
Críticas de Washington
El Departamento de Estado estadounidense ha intensificado su retórica contra el tribunal. En declaraciones a Reuters, un portavoz cuestionó la legitimidad de la corte al investigar a personal estadounidense e israelí. “La CPI tiene la oportunidad de cambiar de rumbo, realizando cambios estructurales críticos y adecuados. Estados Unidos tomará medidas adicionales para proteger a nuestros valientes militares y a otras personas mientras la CPI siga representando una amenaza para nuestros intereses nacionales”, afirmó el vocero.
Washington sostiene que la corte carece de jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos EE.UU. e Israel, y acusa a La Haya de actuar con motivaciones políticas.
El trasfondo: órdenes contra Netanyahu y Gallant
Las tensiones se agudizaron en noviembre del año pasado, cuando la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. El tribunal los responsabiliza de presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Gaza entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.
En la acusación, la corte consideró que Netanyahu y Gallant “privan intencionadamente y a sabiendas a la población civil de la Franja de Gaza de artículos necesarios para su supervivencia, como alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”. Asimismo, los responsabilizó de “causar grandes sufrimientos a personas que necesitan tratamiento”.
La emisión de estas órdenes provocó reacciones encontradas a nivel internacional: mientras varios países europeos respaldaron la decisión de la corte, Israel y Estados Unidos denunciaron lo que calificaron de “abuso de poder” por parte del organismo.
Riesgo de crisis institucional
De aplicarse sanciones contra toda la CPI, el tribunal enfrentaría graves limitaciones financieras y operativas, lo que podría debilitar su capacidad de investigar crímenes internacionales. Analistas advierten que esta medida también podría alentar a otros Estados críticos con la corte a adoptar posturas similares, poniendo en entredicho el futuro de la justicia penal internacional.
El debate se produce en medio de un creciente número de países que reconsideran su membresía en la CPI, con al menos tres gobiernos que, según trascendió, analizan abandonar el organismo.
La inminente decisión de Washington podría marcar un punto de inflexión en la relación entre EE.UU. y el sistema de justicia internacional creado en 2002 para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
