La crisis generada por el notable incremento en el nivel del río Orinoco marca este mes de julio de 2025 como uno de los más críticos de la última década para las zonas ribereñas de Venezuela. Autoridades de Protección Civil, gobernaciones estatales y organismos humanitarios mantienen operativos de emergencia ante el peligro de desbordamiento e inundaciones en al menos cuatro entidades, especialmente las más afectadas: Amazonas y Bolívar, aunque la situación también causa alarma en Anzoátegui y Delta Amacuro.
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Crecidas del Río Orinoco alcanzas cifras históricas
El desbordamiento del río Orinoco acapara miradas en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, donde su cota se elevó a 53,21 metros sobre el nivel del mar, es decir, más de un metro por encima del umbral de desbordamiento fijado en 52 metros. Este valor incluso se aproxima a los niveles alcanzados durante la histórica inundación de 2018, cuando las aguas tocaron los 54,28 metros. En este contexto, decenas de comunidades ribereñas y familias han tenido que ser evacuadas o refugiadas, mientras que iglesias y recintos comunitarios sirven de albergue ante la imposibilidad de permanecer en sus hogares.
En el estado Bolívar, la Estación Hidrometeorológica de Ciudad Bolívar registró el 23 de julio una cota de 17,11 metros sobre el nivel del mar, superando registros preocupantes de años anteriores (16,86 m en 2018). Caicara del Orinoco, otra de las localidades de mayor riesgo, reportó una altura de 34,99 metros, quedando a solo 1 centímetro del límite de alerta roja, que se estableció en 35 metros. Mientras tanto, en Ciudad Orinoco (Anzoátegui), el nivel se ubica en 17,12 metros, con un aumento de 8 centímetros en un solo día.
Delta Amacuro, aunque en estado de alerta verde, experimenta una tendencia creciente, con el nivel del río situado en 6,92 metros y una vigilancia estricta de las autoridades locales debido al comportamiento ascendente.
Causas y dinámica del incremento
El incremento del río Orinoco se atribuye principalmente a las intensas precipitaciones que afectan el sur y oriente venezolanos en esta época del año. Tal como ha sucedido en ciclos anteriores de lluvias, el comportamiento del caudal muestra ascensos diarios de entre 4 y hasta 12 centímetros en distintos puntos del trayecto del río, lo que evidencia la rápida saturación del cauce y la saturación de los suelos ribereños.
Las autoridades meteorológicas advierten que, aunque la crecida suele mantener una tendencia ascendente hasta mediados de agosto, el ritmo y magnitud de este año superan las previsiones, originando una situación que podría igualar o superar la crisis de 2018.
Respuesta institucional: alerta máxima y medidas excepcionales
Ante la magnitud de la amenaza, Protección Civil declaró «alerta máxima» en los estados más comprometidos, desplegando equipos de vigilancia, supervisión, evacuaciones preventivas y la instalación de refugios temporales para las poblaciones vulnerables. El ministro de Transporte explicó que, hasta el momento, cerca de 3.800 personas han sido identificadas en situación de vulnerabilidad y han sido trasladadas a albergues temporales. Solo en Bolívar, se contabilizan por lo menos 1.059 familias reubicadas, atendidas en refugios, mientras que en Amazonas el número de personas asistidas supera las 1.500.
Las tareas de contingencia incluyen la suspensión del transporte terrestre y fluvial en sectores gravemente afectados, como San Mariapo, Autana, Tabapo y Morganito, así como la implementación de barreras de contención. Las autoridades también instan a evacuar anticipadamente a comunidades con viviendas situadas a escasos metros de la ribera, especialmente en áreas donde el agua ha cubierto parte de las vías y puertos.
Impactos sociales y riesgos sanitarios
La inundación parcial o total de viviendas ha forzado a numerosas familias a refugiarse en escuelas, capillas y espacios improvisados, donde las condiciones sanitarias son precarias. La falta de agua potable, la saturación de espacios, el colapso de servicios básicos —como baños y recolección de desechos— y la vulnerabilidad de niños, adultos mayores y personas con discapacidad empeoran la contingencia.
Más allá de la pérdida de bienes materiales, la preocupación principal radica en el riesgo para la salud pública: enfermedades transmitidas por el agua, afectación de plantas eléctricas, problemas respiratorios y la imposibilidad de acceso a medicamentos representan amenazas adicionales que multiplican el impacto social de este desastre.
Panorama general y proyecciones
Tanto las autoridades locales como los organismos nacionales mantienen un monitoreo permanente del río Orinoco y realizan llamados constantes a la población para mantenerse informada y seguir las instrucciones de evacuación y resguardo cuando sea necesario. En los municipios más afectados, las actividades cotidianas están severamente restringidas, incluyendo la suspensión de clases y actividades administrativas en ciertas zonas. El gobierno nacional y los gobiernos estatales insisten en la necesidad de extremar precauciones durante las próximas semanas, ya que el pronóstico apunta a que el nivel del río seguirá elevándose.
A la incertidumbre sobre la evolución de las lluvias y la crecida del río Orinoco, se suma la interrogante sobre la capacidad logística, sanitaria y de asistencia social para enfrentar el desplazamiento y la atención a miles de personas, muchas de las cuales han debido abandonar sus casas y perder gran parte de su patrimonio.
La crecida del río Orinoco en julio de 2025 representa una de las emergencias hidrológicas más complejas para Venezuela en los últimos años. Ante la amenaza latente de inundaciones históricas, miles de familias dependen de la acción coordinada del Estado y de la solidaridad comunitaria para superar las dificultades. El reto no solo reside en mitigar los daños inmediatos, sino en garantizar una atención digna y soluciones sostenibles para las personas más golpeadas por un fenómeno natural cada vez más desafiante.
