Suecia ha puesto en marcha un debate crucial entre los países de la Unión Europea para establecer límites a la donación de esperma y óvulos entre estados miembros, una práctica que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y que plantea serias preocupaciones éticas y regulatorias. Esta iniciativa responde a cambios sociales y legislativos recientes, como la disminución general de la fertilidad, el retraso en la maternidad y la ampliación de derechos reproductivos para mujeres solteras y parejas del mismo sexo, señala EFE.
La propuesta sueca destaca la falta de una regulación europea común que controle el número de hijos nacidos por donante, lo que ha llevado a situaciones extremas donde una sola persona concebida por donación puede tener más de 100 medio hermanos genéticos en todo el mundo, generando riesgos de endogamia y problemas psicosociales para donantes y concebidos. Además, se denuncia la mercantilización de la procreación.
Actualmente, países como España limitan a seis el número de hijos por donante, pero la ausencia de un marco europeo uniforme permite que criobancos comerciales, especialmente en Dinamarca, exporten gametos sin restricciones claras. Suecia, junto a España, Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos y Rumanía, aboga por una regulación que incluya un registro transfronterizo de donantes y la eliminación del anonimato, para garantizar transparencia y protección de derechos.
El ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, ha subrayado la necesidad ética de estas medidas, calificando de «inaceptable» que niños y padres descubran por pruebas genéticas la existencia de decenas de hermanos desconocidos, lo que representa un riesgo social y psicológico importante.
Esta iniciativa representa un avance en la defensa de la justicia reproductiva y la protección de los derechos humanos en la UE, alineándose con una visión progresista que prioriza la ética, la igualdad y el bienestar colectivo frente a la lógica mercantilista que ha dominado hasta ahora la reproducción asistida en Europa. La regulación propuesta busca equilibrar el acceso a tratamientos reproductivos con la responsabilidad social y la protección integral de todos los involucrados.
