El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denunció una creciente criminalización de la protesta social en medio de una huelga indefinida contra la reciente reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), aprobada mediante la Ley 462.
La normativa ha generado amplio rechazo entre sectores sindicales, estudiantiles y sociales, que alertan sobre un posible desmontaje del sistema público de pensiones y salud.
Desde el inicio de las movilizaciones, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha respondido con una ofensiva que incluye allanamientos a sedes sindicales, detenciones arbitrarias de dirigentes como Jaime Caballero y órdenes de captura contra otros líderes, entre ellos el excandidato presidencial Saúl Méndez, quien se refugió en la embajada de Bolivia y solicitó asilo político.
La situación ha motivado la intervención de organismos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió explicaciones al gobierno panameño sobre las denuncias de represión violenta. A su vez, sindicatos de toda América Latina expresaron su solidaridad con Suntracs y condenaron la criminalización de la protesta.
A pesar del cerco judicial y policial, el sindicato mantiene la huelga indefinida y exige la derogación de la Ley 462. Mientras tanto, el gobierno insiste en la legalidad de la reforma y en que se trata de una medida necesaria para «salvar» el sistema de seguridad social, actualmente en crisis.
