Tres organizaciones de defensa de los derechos humanos (CHIRLA, UndocuBlack y CASA, Inc.) presentaron una demanda en los tribunales de Washington D.C. contra la administración de Donald Trump con el objetivo de frenar las deportaciones masivas de inmigrantes que estaban bajo la protección del «parole» humanitario.
Esta revocación afecta principalmente a unas 530.000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, quienes habían recibido este permiso temporal para vivir y trabajar en EEUU.
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La demanda argumenta que el uso de la «expulsión acelerada» (expedited removal) es ilegal en este contexto debido a que permite la deportación inmediata de inmigrantes sin un proceso judicial adecuado, ni la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.
Las organizaciones demandantes denuncian que la decisión de revocar el «parole» y aplicar la expulsión acelerada es injusta, especialmente porque estas personas cumplieron con los requisitos del gobierno para obtener el permiso.
Además, argumentan que esta medida tiene un trasfondo racista, pues afecta en su mayoría a inmigrantes de origen haitiano y de otros países de América Latina. Las organizaciones piden que los tribunales detengan estas deportaciones y se respete el debido proceso para las personas afectadas.
