El lunes 16 de junio de 2025, un tribunal comercial de la ciudad de Bamako, capital de Mali, ordenó la administración estatal temporal del complejo aurífero Loulo-Gounkoto, en el proceso judicial el tribunal nombró como administrador provisional a Soumana Makadji, exministro de Salud, por un periodo de seis meses.
Loulo-Gounkoto es uno de los complejos auríferos más importantes de Mali y donde operaba la trasnacional canadiense Barrick Mining que emplea 8000 trabajadores, por eso, la medida del tribunal ha marcado un nudo critico en la controversia entre la minera canadiense y el gobierno maliense, que se disputan el control de la mina, luego que el gobierno ejerciera su derecho de establecer impuestos y derechos de propiedad.
El conflicto por la administración de la mina se originó el año pasado, luego que el gobierno de Mali adoptara un nuevo código de minería 2023, aprobado por el decreto, n° 0399/PT-RM de 9 de julio de 2024, el cual aumenta las obligaciones fiscales y otorga al Estado mayor capacidad para ampliar su participación en los proyectos mineros del país africano ubicado en la región del Sahel.
Además, el nuevo código minero avala, en particular, que el Estado pueda aumentar su participación en el accionariado de las empresas mineras extranjeras del 10% al 20% y establece nuevas normas para los permisos de explotación minera.
Disputa por los recursos mineros en Mali
A mediado de septiembre de 2024, las autoridades de Malí han decidido actuar y presionar las empresas extranjeras que operan en el sector minero, con el fin de conseguir que entreguen al tesoro público los impuestos atrasados que deben, luego de reformarse y aprobarse un nuevo código de minería, no obstante, esta medida afectó principalmente a las empresas con sede en Canadá y Australia, como: Resolute Mining (Australia), Robex (Canadá), Allied Gold (Canadá) y Barrick Gold (Canadá), las cuales extraen oro de Mali.
Las autoridades de Mali han reclamado impuestos atrasados a las empresas mineras extranjeras, tres de ellas, Robex (Canadá), Allied Gold (Canadá), Resolute Mining (Australia), aceptaron pagar en 2024. Sin embargo, la empresa Barrick Gold, no quiso pagar la deuda y decidió llevar la problemática a un tribunal del Banco Mundial, además pidió suspender el proceso judicial local, una solicitud rechazada por el tribunal del Banco Mundial en mayo del 2025.
Según medios locales, la mina Loulo-Gounkoto ha permanecido cerrada desde enero del 2025, tras la incautación de tres toneladas de oro y la suspensión de exportaciones impuestas por el gobierno.
La paralización del complejo Loulo-Gounkoto ha tenido un fuerte impacto operativo y financiero para Barrick, ya que representaba el 14 % de su producción global, afectando negativamente sus acciones en la Bolsa de Toronto.
Por su parte, las autoridades de transición maliense le exigen 500 millones de dólares y siguen presionando al emitir una orden de detención internacional contra el director general de Barrick Gold, Mark Bristow.
El movimiento social, CADTM África afirmó en su portal web, que este dinero no debe ir al pago de la deuda y pide que se rompan los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial para llevar a cabo una política a favor del pueblo.
Asimismo, la portavoz de MiningWatch Canadá, Catherine Coumans, criticó la falta de consideración de los intereses de las poblaciones afectadas por las actividades mineras y a denunciado que la empresa Barrick Gold, tiene antecedentes de violar el derecho internacional por haber provocado la expulsión forzada de miles de indígenas Kuria de sus tierras en Tanzania, además, la portavoz, dijo que la “expulsión ha sido intimidatorio, coercitivo y en ocasiones violento y no se produjo de acuerdo a las normas de derechos humanos”.
