La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó hoy la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe de suspender su medida de arresto domiciliario. Los abogados buscaban apelar la condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.
En su fallo, el magistrado Leonel Rogeles Moreno determinó que la petición no cumplía con los requisitos urgentes para revocar la medida impuesta por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia. De esta forma, “mantiene la detención domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe”, a pesar de que la defensa adujo que se vulneran derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia.
La condena inicial, emitida el 1 de agosto de 2025, incluyó múltiples sanciones: la pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa equivalente a 578.000 USD, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Durante la audiencia, Uribe rechazó las imputaciones y sostuvo que se trata de una ofensiva política destinada a silenciarlo:
“Quieren destruir a una voz de la oposición democrática”, afirmó el expresidente, denunciando un supuesto lawfare impulsado por adversarios políticos. Asimismo, acusó a la jueza Heredia de parcialidad y de actuar en favor de opositores como Iván Cepeda y Eduardo Montealegre.
Además, durante el proceso Uribe argumentó que su abogado Diego Cadena actuó de forma independiente sin su aprobación y negó haber autorizado sobornos para obtener testimonios favorables. Criticó también el uso de testigos con antecedentes penales, cuestionando la legitimidad del fallo.
La defensa de Uribe introduce «Tutela»
La defensa, encabezada por Jaime Granados, interpuso la acción de tutela para pedir su liberación inmediata mientras no exista una sentencia firme. Alegan que la decisión judicial se basó en percepciones públicas, no en garantías procesales sólidas.
A pesar de ello, la Sala Superior rechazó la petición. El tribunal tiene ahora un plazo de diez días para resolver la tutela; en caso de un pronunciamiento adverso, la defensa planea acudir a la Corte Suprema.
En sus argumentos, la defensa sostuvo que la jueza priorizó la velocidad del juicio sobre el respeto al debido proceso, afirmando que “mostró un desmedido e inusitado interés porque la actuación avance sin importar el respeto por el debido proceso”.
El juicio contra Uribe se prolongó durante más de una década, iniciando con una denuncia del expresidente en 2012 contra el senador Iván Cepeda, quien alegó fabricación de testigos. Investigaciones posteriores concluyeron que fue Uribe y su entorno quienes intentaron influir en testimonios.
En febrero de 2025 la defensa logró, mediante una tutela, la suspensión temporal del juicio oral bajo el argumento de falta de imparcialidad de la jueza Heredia. Ese impedimento fue posteriormente levantado en febrero por el mismo Tribunal Superior.
Con la negativa a suspender la detención domiciliaria, el proceso entra en una etapa definitoria. La apelación se tramitará ante el Tribunal Superior de Bogotá y, de confirmarse la negativa en la tutela, la defensa recurrirá a la Corte Suprema. Este caso, pionero en la historia jurídica de Colombia, mantiene en vilo el escenario político de cara a las elecciones de 2026.
