El gobierno de Trinidad y Tobago publicó un comunicado en respuesta a las denuncias de Venezuela sobre la llegada del destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos, el USS Gravely (DDG-107), a Puerto España esta semana. Acción que ha desatado una crisis diplomática en el Caribe, al confirmar la escalada de la presión militar de Washington sobre Venezuela.
Si bien Caracas condenó el evento como una «provocación» y una «militarización» de la zona, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha optado según expertos, por un «peligroso ejercicio de diplomacia»: suavizar la amenaza militar, catalogándola de simple «cooperación en seguridad».
La llegada del destructor, que realiza ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) a escasos kilómetros de la costa venezolana, es vista por analistas como un claro apoyo a la estrategia de coerción del presidente estadounidense Donald Trump contra la administración de Nicolás Maduro. Este movimiento se suma al despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y otros activos de la Marina en el Caribe, bajo la justificación de una supuesta campaña antidrogas.
La peligrosa retórica de la «Cooperación»
El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la CARICOM de Trinidad y Tobago insistió en que la visita del USS Gravely solo busca «reforzar la lucha contra la delincuencia transnacional y desarrollar la resiliencia a través de la capacitación, las actividades humanitarias y la cooperación en materia de seguridad.» Sin embargo, para Venezuela y un sector de la opinión pública regional, el contexto geopolítico desarma esta justificación.
«“Esto es un buque de guerra en Trinidad, que estará anclado aquí durante varios días a solo millas de Venezuela cuando hay una amenaza de guerra”, dijo. “Eso es una abominación”, es minimizar una amenaza real,» señaló el analista de seguridad regional, David Abdulah, líder del partido Movimiento por la Justicia Social (MSJ), que protestó en Puerto España. Abdulah calificó la presencia del buque de guerra como una «abominación» que convierte al territorio trinitense en un «portaaviones» subordinado a los intereses hegemónicos de Washington.
Venezuela Denuncia un Plan de “Falsa Bandera”
La respuesta de Caracas fue contundente y se centró en la seriedad de la situación. El gobierno venezolano no solo condenó la «peligrosa conducta de ejercicios militares» sino que denunció una posible operación de «falsa bandera« orquestada por la CIA para generar un conflicto.
En un comunicado, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la nación había «capturado a un grupo de mercenarios con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, pudiendo determinar que un ataque de falsa bandera está en marcha desde aguas fronterizas de Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano.»
Aunque el gobierno trinitense ha negado rotundamente ser parte de un plan de derrocamiento, su insistencia en ver el destructor como un simple acto de buena voluntad desvía la atención del contexto de máxima tensión y el creciente despliegue militar que opera en su vecindad inmediata.
La posición de Trinidad y Tobago, que apoya abiertamente las supuestas «operaciones antidrogas» de EE. UU. —incluso aquellas que han resultado en bombardeos a embarcaciones y muertes—, es interpretada en Caracas como un acto inamistoso que prioriza una alianza de seguridad externa por encima de la estabilidad regional y las «relaciones fraternales» que dice valorar con su vecino.
La crisis subraya cómo la presión de las grandes potencias está forzando a las pequeñas naciones caribeñas a tomar partido, convirtiendo sus territorios en plataformas para una confrontación regional.
