El gobierno de Trinidad y Tobago prepara la deportación masiva de migrantes venezolanos de su territorio, luego de una orden emitida por el ministro de interior de esa nación, Roger Alexander.
“El Honorable Ministro de Seguridad Nacional ha ordenado que todos los inmigrantes ilegales detenidos sean recluidos en el Centro de Detención de Inmigrantes hasta su repatriación. No se les aplicarán órdenes de supervisión, ya que actualmente se está considerando la implementación de una operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales. Esta política entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta que el Honorable Ministro emita nuevas instrucciones” indica un memorándum del Ministerio de Interior.
LEA MÁS: Venezolanos marchan en defensa de la soberanía ante agresiones de Trinidad y Tobago
Según datos de registros oficiales, en suelo trinitobaguense viven 16 500 venezolanos, sin embargo, otros estimados apuntan a que la cifra es mayor, cerca de los 30 000.
Esta migración, regular e irregular, se debe a la cercanía geográfica de ambas naciones, a solo 11 millas náuticas de distancia. Las comunidades costeras del sur trinitobaguense y el noreste venezolano, comparten cultura, tradición y parentesco.
¿Copiar a Trump? Trinidad y Tobago ataca migración venezolana
Este plan de deportación masiva le sigue a los anuncios a inicios de septiembre por parte del gobierno trinitobaguense sobre la deportación de 200 nacionales venezolanos en su territorio.
“No se trata de una deportación masiva, pero seguimos trabajando en esa política y se enterarán de ello, quizá la semana que viene. Tengo gente trabajando en ello. Seguridad Nacional y otros” dijo en agosto la primera ministra.
El plan de deportación de migrantes venezolanos viene desde agosto y forma parte de las políticas hostiles hacia la nación vecina por parte de la primera ministra Persad Bissessar desde su toma de posesión.
Al igual que el mandatario estadounidense, la primera ministra acusa a sus predecesores de políticas migratorias laxas, mientras criminaliza a los migrantes.
“Eso es lo que permitieron durante los últimos diez años. Hubo pocos, no hubo ningún intento, o hubo muy pocos, por parte de nuestros predecesores para separar a los inmigrantes que huían legítimamente de las condiciones en Venezuela de los que venían aquí con intenciones delictivas” dijo a sus seguidores en un mitin de su partido en agosto.
Trinidad y Tobago instrumentaliza su política migratoria
La primera ministra trinitobaguense ataca la migración venezolana en medio de la escalada de tensiones entre ambas naciones.
Estados Unidos mantiene un despliegue naval en aguas territoriales inmediatas a Venezuela desde agosto, con el grupo anfibio listo y cerca de 10 000 efectivos, así como el Grupo de Tarea Conjunta del Comando Sur, activo desde el 10 de octubre. Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha ejecutado cerca de 12 ataques cinéticos contra embarcaciones pequeñas, dejando más de 55 fallecidos hasta el momento. Estados Unidos justifica estas acciones con una supuesta lucha contra el narcotráfico en la región.
LEA MÁS: Trinidad y Tobago recrudece política contra migrantes venezolanos
Persad Bissessar ha dado su apoyo abierto a estos ataques, pesar de que han sido condenados como ejecuciones extrajudiciales por sus circunstancias (sin evidencia factible ni intento de contacto con la tripulación) y violentan todos los protocolos de detención en alta mar. El 14 de octubre, según denuncias de familiares y vecinos, dos trinitobaguenses de la comunidad costera de Las Cuevas fallecieron en estos ataques.
El 26 de octubre llegó a puerto de Puerto España el USS Gravely, un buque destructor estadounidense. Esta acción fue condenada como una provocación por parte de la República Bolivariana.
Como respuesta, el 27 de octubre, Venezuela denunció y suspendió los acuerdos en el sector energético que mantenía con Trinidad y Tobago. El 28 de octubre, la Asamblea Nacional venezolana declaró a la primera ministra Persad Bissessar como persona non grata.
En este contexto, Trinidad y Tobago retoma sus políticas hostiles contra la migración venezolana.
