Donald Trump ha instruido el fin de todas las negociaciones diplomáticas con Caracas, según un informe del New York Times, que cita a funcionarios familiarizados con el asunto.
De acuerdo con el relato periodístico, durante una reunión con altos mandos militares el pasado jueves, Trump llamó al enviado especial Richard Grenell —quien encabezaba los acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro— y le ordenó que detuviera “todo acercamiento diplomático, incluidas sus conversaciones con el líder del país latinoamericano”.
El periódico estadounidense sostiene que esta decisión allana el terreno para una posible escalada militar contra Venezuela, al considerar inútiles los esfuerzos diplomáticos de Grenell, los cuales “crearon confusión” entre distintos sectores del gobierno estadounidense, según fuentes citadas por el NYT.
La abrupta ruptura de la vía diplomática coincide con una serie de operaciones militares que ya vienen desarrollándose en el Caribe, cercanas al territorio venezolano, con el argumento oficial de combatir el narcotráfico.
Trump ordenó recientemente atacar una embarcación que afirmaba estaba vinculada al tráfico de drogas, lo que ha dejado al menos 21 muertos en varios incidentes similares.
Sobre estas acciones, el secretario de Defensa Pete Hegseth informó que el ataque fue llevado a cabo “por órdenes del presidente Trump”, y defendió que la embarcación transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y operaba en una “ruta conocida del narcotráfico”.
Maduro: Trump quiere las riquezas de Venezuela
El presidente Maduro ha rechazado estas acusaciones y denuncia que su país enfrenta “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” que busca instalar un gobierno “títere” con el propósito de robarle a Venezuela “el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales”.
En uno de sus pronunciamientos, afirmó: “Nunca seremos esclavos de nadie” y advirtió que Venezuela defenderá “su derecho a ser libre”.
La administración Trump también ha notificado al Congreso que los carteles involucrados han sido clasificados como “combatientes ilícitos” en un conflicto no internacional, lo que sería la base legal –según Washington– para justificar el uso de fuerza militar más allá de simples operativos antidrogas.
Críticos legales y observadores internacionales advierten que esta declinación podría estirar los límites del derecho internacional, al extender el concepto de conflicto armado para justificar acciones que podrían etiquetarse como ejecuciones extrajudiciales y de aplicación de leyes de manera extra territorial.
Venezuela respondió reforzando su postura defensiva. mientras que, el jefe de la delegación venezolana para el diálogo con EE. UU., Jorge Rodríguez, denunció un supuesto plan extremista para atacar con explosivos la antigua sede de la embajada estadounidense en Caracas y calificó esos gestos como operaciones de “falsa bandera”.
Las reacciones internacionales también han comenzado a surgir. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado los bombardeos en el Caribe como “asesinatos ilegales” de jóvenes latinoamericanos y ha pedido que se investigue a los responsables, incluso al propio Trump.
En el plano diplomático, líderes regionales han manifestado su preocupación por la escalada militar y la violación de principios soberanos.
