El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su Gobierno comenzará a realizar ataques terrestres en Latinoamérica bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga, en medio de la creciente controversia por las operaciones letales ejecutadas en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas”.
El anuncio de Trump, realizado durante un discurso en Mount Pocono, Pensilvania, supone una ampliación directa del alcance militar de Washington en la región. Hasta ahora, las agresiones se habían concentrado en aguas cercanas a Venezuela, donde más de 80 personas han muerto en bombardeos sin que se presentaran evidencias de que los objetivos estuvieran realmente vinculados al narcotráfico.
Trump satisfecho con asesinar pescadores
Trump se mostró satisfecho con el impacto de los ataques navales y dijo que ahora trasladará la ofensiva hacia territorio firme. “Ahora lo haremos en tierra. Porque es mucho más fácil por tierra”, afirmó ante sus seguidores. Acto seguido, presumió que las acciones estadounidenses habrían desincentivado el uso de embarcaciones en la zona. “Les está resultando muy difícil conseguir gente que quiera tripular esas embarcaciones. Nadie quiere salir a pescar ya, tampoco. Creo que hemos destruido el mercado de botes”, dijo.
Sus declaraciones llegan en un momento de agresión entre Washington contra Caracas, donde el Gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente que Estados Unidos utiliza la narrativa antidrogas como pretexto para ejecutar una política que busca, en el fondo, un cambio de régimen y el control de los recursos energéticos de la nación sudamericana.
Desde agosto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas bajo el argumento de combatir a los “narcoterroristas” del hemisferio occidental y proteger su territorio de “las drogas que están matando a los estadounidenses”, según la justificación oficial. En ese marco, se anunció la operación “Lanza del Sur”, concebida como una ofensiva regional de amplio espectro.
Los operativos, sin embargo, han despertado fuertes críticas dentro y fuera de la región. Organismos internacionales, gobiernos latinoamericanos y expertos en derecho internacional han calificado los bombardeos contra embarcaciones como “ejecuciones sumarias”.
La ONU y la propia Administración para el Control de Drogas (DEA) contradicen la versión de la Casa Blanca: ambas sostienen que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico y que más del 80 % de las drogas que llegan a EE.UU. lo hacen por la ruta del Pacífico.
Caracas, por su parte, acusa a Washington de instrumentalizar la lucha antidrogas para justificar intervenciones militares sin sustento, mientras denuncia que la verdadera intención es desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro.
El mandatario estadounidense, sin embargo, mantiene sus acusaciones sin presentar pruebas y ha duplicado la recompensa por la captura del presidente venezolano, a quien señala de liderar un supuesto cártel.
La comunidad internacional también ha reaccionado con preocupación. Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses, advirtiendo que constituyen violaciones graves al derecho internacional y a la soberanía de los Estados.
Con el anuncio de Trump de llevar la ofensiva “a tierra”, el escenario geopolítico se vuelve aún más incierto. El riesgo de una escalada mayor se intensifica en una región ya marcada por tensiones históricas entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos.
