El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este miércoles en la Casa Blanca a las preguntas sobre si apoyaba la orden de “matar a los sobrevivientes” tras el ataque con misiles contra una embarcación identificada como ‘narcolancha’ en el Caribe, ocurrido el pasado 2 de septiembre. Su respuesta generó una nueva polémica internacional sobre los límites legales de su campaña antidrogas con acciones militares.
Ante una periodista que le preguntó: «¿apoya la decisión de matar a los sobrevivientes tras el ataque inicial?», Trump respondió: “No, apoyo la decisión de inutilizar los barcos y a quienes los pilotean”. El mandatario insistió en que esos individuos —que Washington califica como “narcoterroristas”— “son culpables de intentar matar a personas en nuestro país” mediante el tráfico de drogas hacia EE. UU.
Según Trump, las operaciones militares no terminan en el mar. “Esto es una guerra”, afirmó, señalando que próximamente los ataques se extenderán “en tierra, también”, pues, dijo, “conocemos cada ruta, conocemos cada casa, sabemos dónde fabrican esa porquería”.
¿Qué se sabe del ataque ordenado por Trump?
El 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron una presunta lancha que, según la Casa Blanca, transportaba drogas desde Venezuela hacia EE.UU. El ataque mató a 11 presuntos miembros del grupo que EE.UU. identifica como banda criminal.
Posteriores reportes sostienen que un segundo ataque alcanzó a sobrevivientes que se aferraban a los restos de la embarcación, lo que ha levantado graves cuestionamientos. Expertos, organizaciones internacionales y algunos legisladores han señalado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales e incluso crímenes de guerra.
La portavoz del Pentágono defendió la medida, argumentando que quienes viajaban en la lancha eran miembros de organizaciones terroristas, y que los abogados militares consideraban que los ataques se ajustaban a la “ley de la guerra”.
Reacciones internacionales y legales
Organismos de derechos humanos han condenado la operación, apuntando que no se ofreció advertencia ni se intentó una captura con vida, y que no hubo evidencia pública concreta que demostrara que la lancha representaba una amenaza armada inminente. Esto, argumentan, coloca a Estados Unidos en un terreno peligroso de violación al derecho internacional.
Para muchos críticos, lo ocurrido representa una escalada notable de la estrategia antidrogas de EE. UU., que abandona los métodos policiales tradicionales por frappes militares en aguas internacionales, con el riesgo de desatar una crisis diplomática con países latinoamericanos —especialmente Venezuela— y cuestionamientos legales internos por parte del Congreso estadounidense.
Con su declaración de hoy, Trump intenta clarificar su postura: dice rechazar la idea de “matar sobrevivientes”, aunque reafirma su respaldo a “inutilizar” barcos y castigar a quienes los pilotean, y advierte de futuras operaciones, incluso en tierra. Pero la controversia —y las dudas sobre la legalidad de estas acciones— solo se intensifican.
