Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, en una medida que comenzará a regir en siete días y que marca un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales.
Según informó la Casa Blanca, la decisión se sustenta en la declaración de una «emergencia nacional» en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). La orden impone un arancel adicional del 40 % sobre el ya existente del 10 %, alcanzando un total del 50 %, aunque se excluyen productos clave como el jugo de naranja, el acero, el mineral de hierro, el combustible y los componentes aeronáuticos vinculados a Embraer.
La administración Trump justificó la drástica medida alegando que las recientes políticas del Gobierno brasileño representan “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”.
Washington acusó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de llevar a cabo acciones “tiránicas y arbitrarias” contra empresas estadounidenses, presionándolas para censurar contenidos, entregar datos sensibles o modificar sus políticas de moderación de contenido “bajo pena de multas extraordinarias, enjuiciamiento penal, congelación de activos o exclusión completa del mercado brasileño”.
En palabras del comunicado oficial:
“Esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de EE.UU. de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales en el país y en el extranjero”.
La Casa Blanca también arremetió contra el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusándolo de “amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos” y de actuar “en coordinación con otros funcionarios brasileños” en detrimento de intereses estadounidenses.
Moraes es quien dirige el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, causa que Trump calificó de “persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos”.
La decisión coincide con la imposición de sanciones a De Moraes, incluida la revocación de su visado estadounidense, y con un creciente respaldo de Trump a figuras como Paulo Figueiredo, residente en EE.UU., también procesado en Brasil por declaraciones emitidas en territorio estadounidense.
Lula reacciona y dejó claro a Trump la posición de Brasil.
La respuesta oficial del gobierno de Lula hasta el momento fue tajante:
“En ningún momento Brasil negociará como si fuera un país pequeño”.
Lula reconoció el poderío económico, militar y tecnológico de Estados Unidos, pero subrayó que eso no debe traducirse en imposiciones. “Conocemos el poder económico de EE.UU., reconocemos el poder militar de EE.UU., reconocemos el tamaño tecnológico de EE.UU.”, dijo. Aun así, Brasil espera mantener una relación basada en el respeto mutuo, sin aceptar amenazas ni sanciones unilaterales que afecten a su economía.
El mandatario brasileño también criticó duramente las sanciones estadounidenses contra el juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro. Al ser consultado sobre el tema antes de que Washington oficializara la medida bajo la Ley Magnitsky, Lula reaccionó con sorpresa: “Si lo que me dices es cierto, es más grave de lo que imaginaba. La Corte Suprema de un país tiene que ser respetada no solo por su propio país, sino también por el mundo”, declaró. Añadió que tanto el pueblo brasileño como el estadounidense “no se merecen esto”.
Lula defendió la independencia del Poder Judicial en Brasil y denunció cualquier intento de socavarla con presiones externas. Reiteró que su Gobierno rechaza cualquier forma de autoritarismo y condenó las acciones de Bolsonaro relacionadas con un presunto intento de golpe de Estado. “Para nosotros, el Estado de derecho democrático es algo sagrado porque ya hemos vivido dictaduras, y no queremos más”, sentenció.
Con esta orden, Trump no solo cumple su amenaza formulada a inicios de julio, sino que envía un mensaje geopolítico de alto voltaje en pleno año electoral.
