La investidura que marcó un antes y un después
La investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en enero de 2025 fue un acontecimiento que trascendió fronteras y marcó el inicio de una nueva etapa en la política internacional. Trump, conocido por su polémica agenda de “America First”, juró el cargo en un ambiente de alta tensión global, prometiendo restaurar la “grandeza” de su país y consolidar el liderazgo estadounidense en el escenario mundial.
Sin embargo, desde su primer día en el cargo, la administración Trump ha demostrado una clara inclinación hacia la injerencia en asuntos internos de otras naciones, consolidando a Estados Unidos como un actor central en la política global, pero también como un país acusado de buscar expandir su influencia mediante tácticas coercitivas y discursos ambiguos.
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Injerencia en políticas internas: el caso de Venezuela
Desde su investidura, la administración Trump ha intensificado su intervención en los asuntos de Venezuela, país que ha sido blanco de una campaña mediática y diplomática orquestada desde Washington. Las autoridades estadounidenses han justificado sus acciones en Venezuela con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” y la “protección de la democracia”, pero numerosos analistas y organizaciones internacionales han denunciado que estos argumentos son una cortina de humo para ocultar intereses estratégicos y económicos.
La presión ejercida sobre el gobierno venezolano ha incluido sanciones económicas, apoyo a sectores opositores y la promoción de una narrativa de “crisis humanitaria” que, según expertos, no refleja la realidad del país. Estas acciones han sido calificadas por el sindicato Professional Staff Congress (PSC) de la Universidad de la Ciudad de Nueva York como una “campaña de demonización, xenofobia y racismo” destinada a justificar una posible intervención militar en el hemisferio.
La política de injerencia de la administración Trump no se ha limitado a Venezuela. Países como Colombia, Nicaragua y México también han sido objeto de presiones y críticas por parte del gobierno estadounidense, que ha utilizado el discurso de la “lucha contra el narcotráfico” y la “defensa de la democracia” para justificar su presencia en la región. Estas acciones han generado rechazo entre organizaciones sociales y sindicales, que denuncian la apropiación de recursos naturales y la subordinación de algunos gobiernos latinoamericanos a los intereses estadounidenses.
La excusa del “pacifismo” y la apropiación de recursos
Uno de los rasgos más notorios de la administración Trump es su habilidad para justificar sus acciones con discursos “pacifistas” y mensajes de “lucha contra el narcotráfico”, mientras promueve políticas que favorecen la apropiación de recursos naturales y territorios en países del sur global. La narrativa de la “ayuda humanitaria” y la “defensa de la democracia” ha sido utilizada para encubrir intereses económicos y estratégicos, generando desconfianza alrededor del mundo y mucho más (obviamente) entre los países afectados.
Organizaciones internacionales y movimientos sociales han denunciado que las intervenciones estadounidenses en América Latina y otras regiones han sido acompañadas por la privatización de recursos naturales, la imposición de políticas neoliberales y la subordinación de los gobiernos locales a los intereses de las corporaciones estadounidenses.
Rechazo internacional y movilización social
La política de injerencia de la administración Trump ha generado rechazo en diversos sectores de la sociedad internacional. Sindicatos, organizaciones sociales y movimientos populares han denunciado las acciones estadounidenses y han llamado a la solidaridad con los pueblos afectados. El sindicato PSC de Nueva York ha presentado una resolución condenando cualquier intervención militar o acción coercitiva contra Venezuela y ha llamado a construir un movimiento amplio en defensa de la soberanía, la paz y el derecho internacional.
La movilización social contra la injerencia estadounidense ha ganado fuerza en América Latina y otras regiones, generando un debate sobre el rol de los Estados Unidos en la política global y sobre la necesidad de construir alternativas que respeten la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
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En conclusión, la investidura de Donald Trump en enero de 2025 marcó el inicio de una nueva era de injerencia y apropiación por parte de la administración estadounidense, que utiliza discursos ambiguos y excusas “pacifistas” para justificar sus acciones. La resistencia internacional y la movilización social siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar estas políticas y defender la soberanía y la justicia global.
